Una situación absurda. José María Vázquez Honrubia, juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, prohibió ayer declarar en catalán a Jaume Roura y Enric Stern, a los que condenó a 2.700 euros por injurias al Rey. El fiscal Ignacio Gordillo pidió la suspensión de la vista hasta hallar un traductor.

Los dos jóvenes se enfrentaban a una petición de 18 meses de cárcel por haber quemado unas fotos del Monarca el pasado 13 de septiembre en Girona. Los acusados habían reconocido, en catalán, durante la instrucción del caso, ser los autores de la protesta ante el juez Santiago Pedraz. Una declaración que ayer ratificaron en la vista oral. Pero sus explicaciones fueron interrumpidas en varias ocasiones por el juez, que llegó a exigir al fiscal que les formulara preguntas que exigieran solo una respuesta afirmativa o negativa.

Para el magistrado, los acusados no tenían derecho a usar el catalán porque el juicio se celebraba en una comunidad autónoma, Madrid, en la que los ciudadanos de otras comunidades no tienen el derecho a usar su idioma cooficial. Sin embargo, sí se les reconoce a los etarras que comparecen en la Audiencia Nacional. Por ello, en la plantilla de la sede judicial figuran traductores de euskera.

El fiscal solicitó la suspensión del juicio ante la posición del magistrado y la imposibilidad de cumplir sus órdenes durante el interrogatorio. Entonces, una joven que asistía a la vista se ofreció como traductora, pero su propuesta fue rechazada. El fiscal Gordillo consultó con su superior, Javier Zaragoza, quien le autorizó a reclamar un traductor para garantizar los derechos de los acusados. El magistrado rechazó nuevamente la pretensión. Según él, los acusados entendían el castellano y tenían la obligación de conocerlo.

"ACTO LEGITIMO" Los jóvenes explicaron que quemaron las fotos del Rey para protestar "contra el máximo representante del Estado español en Girona". También que su actuación fue "un acto legítimo y pacífico". Asimismo, negaron que su intención fuera injuriar al Monarca.

Para el ministerio público, la quema de fotos del Monarca simboliza "el desprecio a la jefatura del Estado que representan los Reyes". Pero propuso sustituir su petición inicial de 18 meses por una multa de seis euros por día, es decir, 5.460 euros. Por su parte, el defensor, Benet Salellas, reclamó la absolución.

El juez calificó los hechos como un delito de injurias graves a la Corona. A pesar de ello, rebajó la multa a 2.700 euros. La defensa dijo que recurrirá el fallo.