El Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana que, entre otras sanciones, multará con hasta 30.000 euros la exhibición de fotos de terroristas o los actos de ofensa o ultraje a España, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, a sus símbolos e himnos.

Con la mayoritaria oposición de los partidos, las asociaciones judiciales y las organizaciones que representan a los policías y guardias civiles, el Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al borrador de una norma que sustituirá a la conocida como la ley Corcuera o "ley de la patada en la puerta", de 1992.

Ha sido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el encargado de defender este texto, que dotará de "más y mejores" garantías a las libertades de los ciudadanos y que protegerá a los agentes de las fuerzas de seguridad.

Tras una encendida polémica, en la que no se han ahorrado calificativos como ley "mordaza" o de "represión antidemocrática", el departamento de Fernández Díaz ha suavizado su borrador primitivo después de las aportaciones de varios ministerios, especialmente el de Justicia.

De este modo, de 21 infracciones muy graves -multadas con entre 30.000 y 600.000 euros- previstas en el primer borrador que salió a la luz pública, se ha pasado a siete, mientras que las graves serán 31 -sancionadas con entre 1.000 y 30.000 euros-, y las leves, 20, que conllevarán multa de 100 a 1.000 euros.

Uno de los puntos más polémicos fue la intención de Interior de sancionar con la máxima cantidad las protestas no comunicadas frente al Congreso u otras instituciones del Estado, aunque no estuvieran reunidas, y provocaran alteraciones de la seguridad ciudadana.

El texto que ha analizado Moncloa gradua esta conducta según la gravedad de esa alteración. La no comunicación será una infracción leve, mientras que la perturbación del orden público en esa protesta será grave y, muy grave si esas manifestaciones se desarrollan en jornada electoral en cualquier lugar o se celebran ante infraestructuras críticas como aeropuertos o centrales nucleares.

Fernández Díaz ha dejado claro que el derecho de manifestación está garantizado "plenamente", así como los de información y de libertad de expresión, ya que lo único que pretende la futura ley es erradicar los comportamientos incívicos y vandálicos.

Serán infracción grave las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales, así como a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuados por cualquier medio, cuando no sean constitutivo de delito.

El titular de Interior ha insistido en que las pancartas o las consignas "claramente vejatorias u ofensivas" a España y a las otras instituciones se multarán con hasta 30.000 euros.

No obstante, ha aclarado que las manifestaciones comunicadas y pacíficas cuyo fin es reclamar la unidad de España o, por el contrario, la independencia de algún territorio, lógicamente no tendrá reproche administrativo alguno.

Y si algo no ha gustado de los retoques del borrador ha sido la decisión de considerar finalmente leve en lugar de grave los insultos, coacciones y vejaciones a los agentes en sus actuaciones, así como la difusión de sus imágenes cuando estas atenten contra el honor de los policías.

Decisión que ha sido criticada tanto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que han considerado que con la nueva ley seguirá saliendo gratis insultar a los agentes.

Incluso, uno de ellos, el secretario general de la CEP, Ignacio López, ha ido más lejos y ha dicho: "Me gustaría saber qué le parecería al ministro si alguien le orina en los pantalones".

De "innecesario" ha calificado la asociación Jueces para de la Democracia (JpD) el anteproyecto, que además tiene un "enfoque autoritario", mientras que la Francisco de Vitoria ha denunciado el uso "ideológico" y "político" del Gobierno en una reforma que "criminaliza administrativamente la libertad de expresión y reunión de los ciudadanos".

Entre las críticas de los partidos de la oposición, la más contundente ha sido el PSOE, que ha vuelto a denunciar la "deriva autoritaria" del Gobierno del PP que quiere "meter miedo" para "sembrar la parálisis y la inacción de los ciudadanos" y que no protesten por sus recortes.

"Al hambre no se le puede poner puertas", ha sentenciado el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, antes de arremeter contra el anteproyecto y asegurar que el Ejecutivo quiere acallar "por la vía de la represión" la respuesta "legítima" de los ciudadanos contra los recortes.