Julián Muñoz y su equipo de Gobierno se limitaron a aprobar convenios y conceder licencias urbanísticas que contaban con el beneplácito de la asesoría jurídica contratada por Jesús Gil, según defendieron ayer ante el juez que les imputa un nuevo delito contra la ordenación del territorio. Por segunda vez en menos de cinco días, el exalcalde de Marbella abandonó la prisión para declarar por supuestos delitos urbanísticos cometidos durante la época en que fue alcalde accidental en sustitución de Gil. Ayer lo acompañaban otros cinco ediles, entre ellos Tomás Reñones, Rafael González y José Luis Fernández Garrosa, todos en prisión por el caso Malaya .

El juez los citó a declarar por la denuncia presentada por la fiscalía por unas licencias aprobadas por el consistorio en el 2002 para construir una gasolinera en unos terrenos de dominio público destinados a viales, así como 22 viviendas unifamiliares levantadas en una zona calificada como verde y de equipamiento deportivo privado.

Según la defensa de los imputados, Ernesto Osuna, estos han alegado que los permisos se concedieron atendiendo al Plan General de Ordenación Urbanística de 1998, pese a que la Junta de Andalucía solo reconocía como vigente el de 1986. Osuna insistió en que los juristas "de reconocido prestigio" contratados por Gil, además de la secretaria municipal --cuyo titular ha sido imputado también-- avalaban la aprobación de esas licencias. Asimismo, dado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "nunca concedía las suspensiones cautelares" que solicitaba el Ejecutivo regional, pensaban que actuaban "correctamente".

SIN TIBIEZA Por otra parte, la Junta de Andalucía se personará como Administración pública perjudicada en la trama de corrupción, al entender que los delitos inciden "directamente" en sus competencias en materia de ordenación del territorio o vivienda. El presidente andaluz, Manuel Chaves, rechazó que la Junta hubiese actuado con "tibieza" en este caso y recordó la "intensa labor judicial" en defensa de la legalidad, con más de 400 licencias impugnadas.