Durante el 2019, los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 42 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 253 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. En total, los órganos judiciales dictaron 91 sentencias en todo el territorio nacional, de las que 65 fueron total o parcialmente condenatorias.
Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente al último trimestre del pasado año. Se trata de la denominada corrupción pública, uno de los temas que suscitan más preocupación en la sociedad.
De este modo, los procedimientos judiciales tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
De las personas acusadas por este tipo de delitos, la Región de Murcia es la que registró el mayor número, un total de 84; seguida de la Comunidad Valenciana, con 42; Cataluña, con 38; Andalucía, con 23; Madrid, con 21; Baleares, con 19; y Galicia, con 15, tal y como consta en el repositorio del CGPJ.
