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LAS CONSECUENCIAS

El naufragio de la Unión Europea

La crisis del ‘Open Arms’ evidencia otra vez la falta de una política migratoria común

 

REDACCIÓN
21/08/2019

La crisis del Open Arms ha dejado al descubierto por enésima vez las vergüenzas de la Unión Europea. Las deficiencias de la política migratoria comunitaria y su capacidad para actuar en situaciones de emergencia han vuelto a quedar en entredicho por la falta un protocolo de desembarco seguro y la insuficiencia del convenio de Dublín para el reparto de refugiados. La historia puede no tardar en repetirse, pues en el Mediterráneo navega también el Ocean Viking, fletado por Médicos sin Fronteras y SOS Méditerranée, con 356 migrantes a bordo.

A la espera de una solución común que supere las divergencias, Alemania y Francia han intentado promover en la UE, desde febrero, un mecanismo temporal de distribución de los migrantes rescatados en el Mediterráneo por buques pertenecientes a asociaciones humanitarias, sin importar dónde fueran recogidos.

Pero España rechazó este mecanismo porque se refería sustancialmente al Mediterráneo central, aquel que afecta a países como Italia o Malta, y a todos los inmigrantes que fueran rescatados por barcos privados, es decir, de oenegés. Según la agencia fronteriza europea Frontex, 150.000 migrantes llegados a la UE de manera irregular en el 2018, lo que supone el dato más bajo en los últimos cinco años y una caída del 92% respecto al pico del 2015.

Reglamento controvertido

La norma que causa mayor controversia es el convenio de Dublín, que regula qué estado se hace cargo de cada solicitud de asilo en suelo europeo. El criterio usado es el del primer país de llegada, lo que implica que el registro del inmigrante y la responsabilidad recaigan de forma desproporcionada sobre los países fronterizos.

Además, no garantiza todos los derechos de los solicitantes al no darse un proceso justo y equitativo y no siempre se respeta la voluntad de los migrantes ni el país al que desean ir.

La reforma de este convenio se prevé en la agenda propuesta por la UE para el quinquenio 2019-2024, en el que los Estados miembros deberán consensuar un texto «conforme a un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad». El pasado julio, los ministros del Interior de la UE dieron vía libre a la reforma de la Directiva de Retorno para agilizar la devolución de migrantes a sus países de origen. En el 2017, una de cada tres personas que recibieron una orden de expulsión fueron efectivamente devueltas a sus países de origen.

Otro obstáculo es que el concepto de «puerto seguro» carece de una definición apoyada por un texto internacional. El vacío legal obliga a los países a regirse por sus leyes internas o por el derecho internacional.

En España, la ley fija que las solicitudes de asilo pueden atenderse fuera del territorio nacional «siempre que el solicitante no sea nacional del país en que se encuentre la representación diplomática y corra peligro su integridad física», pero no existen criterios para determinar el grado de peligrosidad de los barcos.

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