El Gobierno se vuelca a contrarreloj para intentar aprobar el miércoles en el Congreso la nueva prórroga del estado de alarma, pero de momento no tiene asegurado que la votación salga adelante. Ni el fondo de 16.000 millones de euros que destinará a las comunidades, ni el compromiso de «cogobernanza» con las autonomías ofrecidas este fin de semana para reconducir a los partidos hacia el apoyo a la ampliación parecen suficientes. El resultado continúa en el aire. ERC y PNV, las dos formaciones clave que Pedro Sánchez necesita para no quedar en manos del PP, siguen inclinadas a no avalarle y tomarán previsiblemente la decisión hoy en sus ejecutivas.

De momento, el presidente no parece haber persuadido a líderes autonómicos esenciales con los que se reunió ayer por octava vez telemáticamente desde el inicio de la pandemia, como el lendakari, Iñigo Urkullu (PNV). Incluso el PP, que hasta ahora ha apoyado todas las prórrogas, deslizó la advertencia de que quizá deje de hacerlo: el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ambos populares, se mostraron en contra de alargar el estado de alarma a pesar de que la Moncloa insiste en que no hay alternativa. Los nervios van en aumento y los contactos gubernamentales discretos continuarán en las próximas horas para tratar de recuperar a los aliados que apoyaron la investidura.

IMPRESCINDIBLE / «El estado de alarma ha funcionado y en la etapa de desescalada es imprescindible mantenerlo por dos propósitos: seguir controlando la pandemia de manera eficaz y dotar de reglas comunes para que si hubiere un rebrote que no podemos descartar, tengamos vigente este instrumento», repitió el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como una letanía en su comparecencia al término de la conferencia de presidentes. Explicó que en la desescalada el Gobierno hará reuniones técnicas y políticas de forma bilateral con cada autonomía para analizar el paso de fase. La orden publicada en el BOE este domingo concreta que la decisión «se procurará que sea consensuada» pero caso de discrepancia «la adoptará el Ministerio de Sanidad».

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, concretó que los 16.000 millones del fondo destinado a las comunidades constituye la mayor inyección que jamás han recibido los territorios. Y comprometió que 6.000 se liberarán de forma inmediata, mientras que el resto se transferirá en el segundo semestre. Nada pareció contentar a los presidentes, que se despacharon dejando a Sánchez en una posición especialmente vulnerable.

Urkullu solicitó formalmente al jefe del Ejecutivo que se reformule la gestión de la crisis y que «se replantee la aplicación de la legislación de excepcionalidad». Es decir, el estado de alarma. Pidió volver a la legalidad habitual para un «retorno paulatino» a la normalidad institucional y reclamó, de nuevo, respeto al autogobierno vasco.

En términos similares se expresó el president, Quim Torra, que reclamó reformular el estado de alarma, permitiendo excepciones en el caso de Cataluña o bien la recuperación de competencias autonómicas. De no ser así, apostó porque el JxCat y ERC rechacen la prórroga el miércoles en el Congreso. En la ampliación actual, los republicanos se abstuvieron y los posconvergentes votaron en contra con Vox y la CUP. Ahora, el partido de Oriol Junqueras sopesa seriamente pasarse al ‘no’. Lo discutirán en su ejecutiva, este lunes, pero fuentes republicanas sostienen que los partidarios de alejarse de Sánchez van ganando peso.

AVISO DEL PP / Hasta ahora el PP ha votado a favor de todas las prórrogas, a pesar del durísimo discurso de Pablo Casado. Sin embargo, el líder conservador ha evitado confirmar si volverá a respaldar la ampliación y los mensajes trasladados ayer por los presidentes gallego y andaluz ahondaron todavía más la preocupación en la Moncloa. Núñez Feijóo consideró «desproporcionado» el uso del estado de alarma y cuestionó la idea de cogobernanza. Moreno Bonilla estimó que el estado de alarma «no tendría ya sentido», informa Julia Camacho.