Notable en conducta (II)

La reforma territorial, vía para reforzar la unidad

Diálogo, cooperación, solidaridad, cohesión... Estos y otros principios, convertidos a veces en eslóganes, han caracterizado la política territorial del Gobierno socialista. En este área más que en cualquier otra ha aflorado el famoso talante de Zapatero y su equipo, que sólo con buenos modos, muchos gestos y alguna que otra medida concreta han eliminado casi por completo la tensión territorial de la anterior legislatura.

Después de que Aznar dosificara las citas con presidentes autonómicos hasta casi eliminarlas de su agenda, Zapatero los recibió uno a uno en la Moncloa el pasado verano. Después los visitó el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, para preparar la primera reunión de la Conferencia de Presidentes, un foro cooperativo de inspiración federal estrenado con éxito el 28 de octubre en el Senado bajo la batuta de Zapatero. Los barones del PP estuvieron tentados de boicotear la cita por la falta de contenido, pero la presencia de los Reyes en el posterior almuerzo los disuadió.

Aparte de la mera institucionalización de la Conferencia de Presidentes, el único acuerdo alcanzado en aquella sesión inaugural fue el de negociar una fórmula que satisfaciera una vieja aspiración autonómica: la presencia en los consejos de ministros de la Unión Europea. Desde enero, la delegación española ante cuatro consejos de la UE ya puede incorporar a representantes autonómicos.

Esta nueva etapa de diálogo entre el Estado y las autonomías se ha reflejado en la reducción de los conflictos competenciales --sólo siete frente a los 24 del 2003-- y en la retirada del 25% de los pleitos que estas instituciones libraban en el Tribunal Constitucional. El más relevante, por su volumen económico, era el litigio de la Junta andaluza con el Gobierno del PP por el impago de la deuda histórica de Andalucía: 2.500 millones de euros que el Ejecutivo de Zapatero abonó sin demora.

Hasta aquí las medidas adoptadas por el Gobierno en este terreno. Iniciativas que no reflejan con suficiente fidelidad cuál es la verdadera política territorial de Zapatero, por cuanto las reformas institucionales de fondo --Constitución, estatutos y financiación autonómica-- requieren largos procesos de negociación. El presidente afronta esta reforma territorial no sólo como una vía para ampliar el autogobierno, sino también como una fórmula para mejorar los servicios públicos y, ante todo, reforzar la cohesión de España.

Por eso ha animado a todas las autonomías que lo deseen --sobre todo a Euskadi, tras el rechazo del soberanista plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados-- a reformar sus estatutos como lo está haciendo Cataluña: mediante el consenso. Y, para que la vía catalana sea realmente modélica, a Sevilla le ha correspondido la tarea de forcejear con la Generalitat e intentar rebajar el listón de sus demandas.

CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA

El área donde se exhibe “el cambio progresista”

"Hemos ido rápido con estas reformas porque era urgente restituir agravios históricos". Así defendió Zapatero el miércoles los principales avances en ciudadanía impulsados por el Ejecutivo. La prueba de que la igualdad entre sexos era el primer paso del "cambio progresista" llegó con el Gobierno paritario, la elección como vicepresidenta de María Teresa Fernández de la Vega y, sobre todo, la ley integral contra la violencia de género. Las medidas para la equiparación de derechos culminarán en una ley de igualdad en junio.

Los homosexuales adquieren la condición plena de ciudadanos con la reforma del Código Civil que les permite casarse, y las parejas que deseen separarse lo harán sin tanto trámite merced a la modernización de las leyes de separación y divorcio.

Otros colectivos que han visto mejorada su calidad de vida durante este año son los jubilados con pensiones más bajas, a los que se les ha subido la prestación hasta un 8,1%; los inmigrantes con trabajo u oferta laboral, a quienes un accidentado proceso de regularización especial está permitiendo acceder a la residencia legal; y los trabajadores con sueldos más bajos, ya que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido un 13%, hasta 513 euros al mes.

Para ejecutar la prometida "regeneración democrática", el Gobierno se enfrentó al PP por los nombramientos judiciales, después de que durante meses la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reservase las nuevas plazas a sus jueces afines. Con el voto de todos los grupos salvo el popular, el Congreso reformó la ley para exigir el consenso entre los dos sectores del CGPJ al cubrir las vacantes en los tribunales superiores y el Supremo.

En el Congreso desaparecieron las aduladoras preguntas del grupo mayoritario al presidente, que comparece cada mes en el Senado. Además, el Código de Buen Gobierno endureció el régimen de incompatibilidad de los altos cargos, mejoró la transparencia sobre sus bienes y eliminó los tratamientos protocolarios.

La relación con la Iglesia, muy tensa al inicio de la legislatura, empieza a normalizarse. Pese a la pérdida de peso académico de la Religión en la escuela, el mantenimiento de la financiación estatal de la Iglesia y el relevo en la Conferencia Episcopal han aplacado el conflicto.

La corrección de agravios históricos alcanza a los vencidos en la guerra civil. Los niños de la guerra (menores exiliados durante la contienda) residentes en Rusia han visto duplicada su pensión, y el colectivo --disperso por varios países-- tiene reconocida la misma cobertura sanitaria que cualquier español.

LA GESTIÓN ECONÓMICA

Continuismo hasta en la reforma fiscal”

La economía y el empleo exhiben un crecimiento algo mayor que el de hace un año. Con ese aval, al vicepresidente Pedro Solbes no le cuesta reconocer su continuismo respecto de la política económica del Gobierno del PP. Su paquete con un centenar de medidas dinamizadoras es una suma de pequeñas reformas que no trastoca esa política. La Sociedad Pública de Alquiler es una de ellas, mejor acogida que la apuesta de la ministra de Vivienda por los minipisos. Entre los anuncios más contestados, el traslado a Barcelona de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Haber logrado aprobar los presupuestos para el 2005 fue el primer éxito económico del Gobierno. La eliminación de la ley de acompañamiento sirvió al Gobierno para evitar concesiones adicionales a los socios. También en el capítulo de logros figura haber evitado el cierre de los astilleros públicos, que el Partido Popular dejó en situación de quiebra.

La reforma fiscal, uno de los hitos del programa socialista, no entrará en vigor hasta el 2007. Lo poco que de ella se conoce presenta un cambio poco ambicioso, en el que la intranquilizadora opción de eliminar las deducciones por vivienda ha sido descartada.