Los miembros del Tribunal Constitucional pasarán, en el futuro, el examen del Parlamento antes de ser designados. Y cuando terminen su mandato no podrán actuar de abogados en las causas que se eleven al alto tribunal. Estas son las dos principales novedades políticas de la reforma técnica de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Su objetivo consiste en descargar al tribunal de la gran cantidad de recursos de amparo que recibe.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, recordó que el alto tribunal viene pidiendo en sus memorias anuales las mejoras que ahora acomete el Gobierno. "Queremos que el trámite de admisión de las demandas de amparo sea más eficiente y eficaz", dijo el ministro. En el 2004, el Constitucional recibió 7.580 demandas de amparo, 500 más que en el 2003.
