El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, que como principio general establece el precio único de los libros y que, en el caso de los de texto, liberaliza el precio.Esta liberalización es una de las demandas que editores, libreros y distribuidores plantearon durante las negociaciones con el ministerio, y sustituirá a los descuentos libres aprobados para este tipo de manuales por el Gobierno del PP en el 2000 y que, a la hora de su aplicación, han llegado a alcanzar hasta el 25%.La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha declarado al presentar el proyecto de ley que esta medida "favorecerá a las familias, que se beneficiarán de los efectos en el precio de un sistema libre", y contribuirá también a "proteger a los libreros minoristas". El horizonte final es la gratuidadLa ministra de Cultura, Carmen Calvo, ha asegurado que la decisión de liberalizar el precio en los libros de texto "está inmersa en el horizonte final de la gratuidad de estos libros, que muchas comunidades autónomas ya han puesto en marcha". La titular de Cultura ha asegurado que los libros escolares forman parte de los materiales que tienen que estar en las aulas para cubrir las necesidades educativas y "es necesario que sean lo más baratos posibles para la economía familiar".Calvo ha recordado que más de 5.000 librerías en todo el territorio español se podrán beneficiar de esta medida y utilizar las herramientas más oportunas de los descuentos para vivir en el ámbito del mercado. Análisis permanente de la situación del libroEl nuevo texto legislativo sustituye la actual regulación del libro, que data del 1975, y prevé una dotación de 431 millones de euros en ocho años, para las bibliotecas públicas, que se convierten así "en vehículo principal del hábito lector". Crea también el Observatorio de la Lectura y del Libro, que tendrá como objetivo el análisis permanente de la situación del libro, la lectura y las bibliotecas.Como ha puesto de relieve Fernández de la Vega, hacía falta "poner al día" la legislación dispersa" y en ocasiones preconstitucional que había, "para enmarcarla en el mandato constitucional de promover el acceso a la cultura". La nueva normativa se adapta a la actual organización del Estado y respeta el ámbito competencial de las diferentes administraciones públicas.Tres objetivos fundamentalesEl proyecto de ley tiene tres objetivos fundamentales. El primero de los cuales, "y más importante, es el impulso de la lectura", tarea en la que se quiere implicar tanto a los poderes públicos como al resto de la sociedad, según se afirma en la nota remitida por el Ministerio de Cultura.El segundo es "la defensa de la diversidad cultural" en la medida en que la ley ofrece mecanismos que garantizan una oferta plural tanto a nivel editorial como en las librerías, y el tercero, es la modernización de la definición de libro para adecuarla a la realidad tecnológica actual.Con esta ley, la lectura se convierte en "una herramienta básica para el aprendizaje continuo en el marco de la sociedad de la información", y por eso se le dedica "gran atención a la promoción" de la misma a través de planes de fomento que quedan "por primera vez recogidos en un texto normativo".Hábitos de lecturaSegún el Estudio de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, en los últimos cinco años, el conjunto de lectores frecuentes y ocasionales ha aumentado siete puntos porcentuales, hasta superar el 57% de la población mayor de 14 años, y leen el 74,9% de los jóvenes de 14 a 24 años, mientras que el 84% de los niños de 6 a 13 leen libros que no son de texto.En la nueva ley se prevé una inversión de 431 millones de euros hasta el 2014, destinados en su práctica totalidad a la dotación bibliotecaria. El objetivo es alcanzar la disponibilidad de entre 1,5 y 2,5 libros por habitante.. Las bibliotecas públicas españolas ofrecen actualmente una media de 1,25 libros por habitante.
