La concesión simultánea del visado y de los permisos de residencia y trabajo tiene por objetivo acortar unos trámites que ahora hacen casi inviable la contratación de trabajadores inmigrantes en su país de origen. Desde el momento en que un empresario comunica que necesita un empleado foráneo hasta que todo está en regla transcurren actualmente un mínimo de ocho meses, si la fortuna le acompaña.
Al margen de las urgencias electorales, al Gobierno le corre cierta prisa aprobar la nueva reforma de la ley de extranjería para reinstaurar los recortes a los derechos de los inmigrantes anulados por una sentencia del Tribunal Supremo el pasado mes de marzo. Los magistrados consideraron ilegales trece artículos del nuevo reglamento de extranjería.
Entre los artículos anulados figura la posibilidad de internar a los inmigrantes que llegan en patera. El Supremo también rechazó que un inmigrante irregular detenido en el interior del territorio español pueda ser devuelto de modo inmediato. Los jueces entienden que en ambos casos a los ´sin papeles´ se les deben abrir expedientes de expulsión cuyos trámites son mucho más lentos.
Los jueces argumentaron que un reglamento no tenía el rango legal suficiente para establecer limitaciones a los derechos. Pocas horas después de conocer la sentencia, el Gobierno ya anunció que no renunciaría a sus postulados y que la solución sería elevar a rango de ley las disposiciones anuladas por el Tribunal Supremo.
