Nuevo golpe contra la corrupción urbanística en Marbella y la Costa del Sol. Tras una fase inicial centrada en la corporación, que llevó a la alcaldesa y a la primera teniente de alcalde a la cárcel, el juez instructor de la operación Malaya intenta desmantelar ahora la parte inmobiliaria: ayer ordenó la detención de 13 constructores de Málaga, Sevilla, Madrid, Granada, Córdoba y Pamplona, así como de otros 13 exediles y cuatro personas más vinculadas al ayuntamiento. Todos están acusados de delitos de prevaricación y cohecho, y pasarán a disposición judicial en las próximas horas.

En la operación, coordinada por el titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Marbella, Miguel Angel Torres, y la Fiscalía Anticorrupción, han participado más de 300 agentes. La investigación parte de la documentación incautada al exasesor de urbanismo, Juan Antonio Roca, ahora en prisión. Roca fue detenido en marzo junto a la alcaldesa, Marisol Yagüe, la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y otras 25 personas, entre empresarios y abogados.

REGISTROS Y CUENTAS La primera fase incluyó numerosos registros y la incautación de bienes inmuebles y cuentas bancarias valorados en 2.400 millones. Tras las detenciones, el Gobierno disolvió la corporación y puso el consistorio en manos de una gestora, hasta los comicios del 2007.

El análisis de aquellos documentos ha puesto al descubierto los nombres de promotoras y constructoras que habrían accedido a licencias urbanísticas --contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en el municipio-- a cambio de comisiones e incluso pagos a concejales para que apoyasen los acuerdos inmobiliarios.

En total, en esta segunda fase, han sido detenidas 30 personas, entre las que destacan once exediles del GIL, como Tomás Reñones --futbolista del Atlético de Madrid--, un exedil del Partido andalucista (PA) y otro del grupo socialista. En la lista están también el exjefe de la Policía Local Rafael del Pozo, a quien se imputan los delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias y tenencia ilícita de armas; y el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, natural de Albalá, que está en libertad con los cargos de prevaricación y tráfico de influencias. Barrantes ejerció de secretario del Ayuntamiento de Casar de Cáceres y en otros pueblos extremeños y andaluces.

Pero el núcleo duro de esta segunda fase de la operación Malaya lo componen los empresarios de la construcción involucrados en la trama. Es el caso de la empresa Arenal 2000, propiedad del cordobés Rafael Sánchez Gómez, que tiene paralizada por orden judicial una promoción de 313 viviendas en Marbella. Gómez, acusado en Córdoba de trato de favor desde el ayuntamiento, siempre ha negado "haber puesto un solo ladrillo" en la ciudad malagueña y limitaba su relación con Roca a una "partida de cartas con cazadores".

OTROS IMPLICADOS El resto de detenidos son Fidel San Román, ganadero; el empresario murciano Tomás Olivo, propietario del Centro Comercial La Cañada; el granadino José Avilas Rojas; y los administradores de las promotoras Peñarroya y Aifos, todos ellos con promociones y hoteles en la ciudad. También hay ganaderos sevillanos, como los hermanos González Sánchez-Dalp, considerados testaferros de Roca y uno de los cuales es apoderado del diestro Fran Rivera.