Cinco de los 11 nuevos imputados del caso Pretoria pasaron ayer, con brevísimos interrogatorios en algunos casos, por el despacho del juez Baltasar Garzón y, terminado su paso por la Audiencia Nacional, volvieron a casa sin medidas cautelares, es decir, ni fianza, ni firmar cada tantos días en un juzgado, ni cárcel. Hoy es el turno de otros cinco imputados, entre ellos el hasta anteayer gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) de la Generalitat, Emili Mas. La primera sesión de interrogatorios de ayer no conllevó ningún tipo de luz por parte de Garzón, pero al menos uno de los acusados, Genís Carbó, exalto cargo de CiU, decidió dar su versión sobre lo que, a su parecer, es el caso Pretoria : un error de interpretación por parte del juez sobre lo que son los procesos urbanísticos.

La jornada de interrogatorios comenzó con una apabullada Doris Malfeito, la mujer de Macià Alavedra. Muy pocas preguntas le formuló Garzón. Solo estuvo ante el instructor unos breves minutos. La siguiente en comparecer fue Maria Lluïsa Mas Crussels, esposa de Lluís Prenafeta. Mostró mucha más entereza. Fuentes próximas a la investigación afirman que tanto ella como Malfeito le explicaron al juez que, pese a que sus nombres figuran en algunas sociedades investigadas, se limitaban a hacer lo que sus maridos les pedían.

COMISION DE 244.011 EUROS Por su supuesto papel en la trama resultó más interesante la presencia de Carbó. "Garzón confunde cargos y competencias", se defendió el excoordinador del plan territorial metropolitano de Barcelona. El exalto cargo convergente aseguró sentirse aliviado por poder aclarar al juez algunas de las acusaciones. La principal de ellas es el cobro de una comisión de 244.011 euros que habría recibido de Niesma Corporación SL cuando trabajaba para la Administración autonómica. Carbó subrayó que fue un pago "legal" fruto de una labor de asesoría. El exarquitecto municipal de Santa Coloma de Gramenet, Lluís Falcón, acusado de favorecer con sus decisiones a la trama corrupta, y el administrador Manuel Valera, supuesto autor del pago a Carbó, acudieron impertérritos al interrogatorio.

Los abogados de Josefina Calvet, madre del exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, llevaron ayer a la Audiencia Nacional certificados médicos que acreditan el progresivo deterioro físico de su cliente para justificar así por qué hoy no irá a declarar. El alzhéimer que padece le ha degenerado en una demencia senil severa. No obstante, admiten sus abogados, en el año 2004, cuando Garzón sitúa su implicación en el caso, estaba en plenitud de facultades mentales. Y el exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco salió anoche de prisión tras abonar 200.000 euros de fianza.