La previsible nulidad de una parte de la investigación del caso Gürtel por parte de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desató ayer una cascada de interpretaciones sobre el futuro de esta trama de corrupción vinculada al Partido Popular. La mayoría de los juristas consultados afirmaron que uno de los primeros efectos será la dilatación de la investigación, ya que las defensas podrán solicitar a los jueces que revisen todas y cada una de las pruebas para lograr nuevas declaraciones de ilegalidad.

POR ENCARGO DEL JUEZ El TSJM ha decidido por dos votos contra uno, según publicó ayer el diario El País, anular las grabaciones de las conversaciones que los cabecillas de la red y sus abogados mantuvieron en la cárcel, y que ordenó el juez Baltasar Garzón. Los magistrados solo respetarán la intervención, según ese mismo diario, de una charla entre el jefe de la trama, Francisco Correa, y un letrado imputado por blanqueo de capitales.

Dicha decisión, en el caso de confirmarse, dará alas al PP, que desde que salieron a la luz las pesquisas ha movido todos los hilos a su alcance con la intención de repetir el éxito que cosechó en el caso Naseiro, otra trama de corrupción que finalmente quedó en nada, al anular la justicia las escuchas.

No obstante, fuentes conocedoras de la investigación apuntan que el efecto de la resolución del TSJM tendrá escaso recorrido, pues Garzón no consiguió ninguna prueba gracias a esos pinchazos. Solo le sirvieron para constatar que Correa seguía controlando desde la prisión los millones de euros que tenía escondidos en paraísos fiscales.

PRUEBAS INDEPENDIENTES Las mismas fuentes subrayan que el grueso de las pruebas se obtuvieron gracias a los registros domiciliarios y a las grabaciones a las que fueron sometidos los imputados antes de ser encarcelados. Esa es también la opinión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ayer aseguró que hay "pruebas independientes y desvinculadas" de las grabaciones realizadas a los imputados en prisión.

También hay quien sostiene que la posible anulación tendrá solo consecuencias para las pruebas que tengan relación "de proximidad". Como la causa está bajo secreto sumarial, se desconoce si el actual instructor, Antonio Pedreira, ha utilizado esas escuchas para ordenar, por ejemplo, comisiones rogatorias a paraísos fiscales. Otro de los efectos puede ser la revisión del resto de las pruebas para examinar si han sido contaminadas por las anuladas, lo que alargaría sine díe la instrucción.

De momento, los abogados no han logrado que se invalide toda la instrucción practicada por Garzón. El letrado de Correa, José Antonio Choclán, acusó al magistrado de no ser competente para instruir dicho proceso porque no cumplió con las normas de reparto de la Audiencia Nacional. Los jueces del TSJM opinan lo contrario.