El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, estaba ayer convencido de que el plenario del episcopado respaldará hoy el documento sobre el terrorismo --elaborado bajo su atenta mirada por una comisión de prelados del sector más conservador--, sin dañar la unidad, según fuentes eclesiales. Rouco tenía motivos: el debate del texto en la sesión reservada del martes evidenció que, tras pocos cambios, la declaración puede contar con la aquiescencia de las dos terceras partes de los 79 prelados con derecho a voto.
A diferencia del lunes, al inicio de la asamblea plenaria, cuando la mayoría de los obispos no conocían el texto, ayer las expectativas de que saliera adelante eran muy altas. Rouco ha hecho todo tipo de gestos para lograrlo. "Han hecho un gran esfuerzo para pulirlo y para salvar la comunión eclesial", confesó a este diario un prelado del sector con sensibilidad nacionalista.
Las diatribas incluidas en el documento van dirigidas al "nacionalismo totalitario", según ha podido saber este diario, lo que en principio salvaría las prevenciones del episcopado catalán y vasco. El redactado de la primera parte del texto es, en este sentido, "impecable", cree otro obispo.
Aunque el documento obtenga hoy los votos necesarios, su contenido, que tiene carácter de orientación moral para los fieles, no se conocerá hasta que logre la recognitio del Vaticano. Rouco ha insistido en que los obispos debían opinar sobre el tema después de que, en junio, una pastoral de las diócesis vascas, en la que dudaban de la eficacia de ilegalizar Batasuna, irritara al PP.
El presidente del episcopado ha logrado en los últimos meses que, a través de la ley de la enseñanza, el Gobierno eleve el rango de la clase de religión, haciendo que la materia sea evaluable. Rouco confía, además, en que el PP mejore la financiación de la Iglesia. Para lograrlo, necesita borrar cuanto antes el recuerdo de la pastoral vasca.
RECURSO A JIMENEZ DE PARGA
El pleno del Tribunal Constitucional rechazó ayer la recusación presentada por el Gobierno vasco contra el presidente de ese tribunal, Manuel Jiménez de Parga. El Ejecutivo vasco recurrió la ley de partidos que permite ilegalizar Batasuna y Jiménez de Parga, antes incluso de que le llegara el recurso, manifestó en público su apoyo a dicha ley.
