Ahora sí puede decirse que el núcleo duro de la negociación ha quedado cerrado y que ya no hay peligro de que el proceso acabe en fracaso. Pero para que el proyecto de Estatuto quede aprobado aún queda mucho.
En febrero se reanudará la actividad parlamentaria, tras el maratón informal de reuniones que se han sucedido en enero, y después de que el 27 de diciembre concluyera el plazo de presentación de enmiendas. En la primera semana de febrero se constituirá la Comisión Constitucional con 39 representantes del Congreso y otros tantos del Parlamento catalán, de acuerdo con el peso de cada grupo, para negociar las enmiendas al proyecto en sintonía con los pactos a los que el Gobierno ha llegado con el cuatripartito, y lo que pueda pactarse con el PP, verdadero convidado de piedra del debate.
Antes de Semana Santa
Para agilizar los trabajos, la comisión designará una ponencia más reducida de 11 miembros por cada parte. Tiene dos meses prorrogables para llegar a un acuerdo y remitir el texto al pleno del Congreso, que deberá aprobarlo por mayoría absoluta. Si todo discurre por los cauces previstos, a mediados de abril, antes de Semana Santa, podría producirse la votación en la Cámara baja. Posteriormente, el proyecto será remitido al Senado, donde se abrirá un proceso idéntico. Con la voluntad de agilizar al máximo los trámites, es muy posible que el texto regrese al Congreso para su aprobación definitiva en junio. Caso de retrasarse, habría que habilitar un día del mes de julio para un pleno extraordinario, ya que la Cámara estaría en periodo de vacaciones.
Tras la aprobación, el texto será remitido al Parlamento catalán, y el Gobierno catalán convocará el referendo de ratificación en Cataluña. En el calendario del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, septiembre se perfila como el mes para celebrar la consulta popular. Habrán pasado ocho meses.
