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La ONU sanciona a España por un caso de torturas a un detenido

  •  Afirma que no impuso "penas adecuadas" a tres guardias civiles


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    JUAN GASPARINIJUAN GASPARINI 25/06/2005

    El Comité contra la Tortura de la ONU, que vigila el cumplimiento de la convención internacional en la materia, consideró que España no cumplió "la obligación de reprimir y sancionar la tortura" en el caso de Kepa Urra Guridi, detenido y sometido a malos tratos por la Guardia Civil, según un dictamen emitido en Ginebra. Una fuente autorizada del Comité contra la Tortura subrayó que España violó la Convención al eludir "la obligación de imponer penas adecuadas" en los casos de tortura producidos y que ahora debe reparar el daño cometido.

    La Audiencia Provincial de Vizcaya condenó a tres guardias civiles que torturaron a Urra Guridi durante su arresto en 1992, en una operación contra el comando Bizkaia . Los agentes implicados fueron castigados en 1997 a cumplir cuatro años de prisión y seis de inhabilitación. Posteriormente, el Tribunal Supremo rebajó las penas, en 1998, a un año de prisión. Finalmente, los agentes fueron indultados por un decreto otorgado por el Rey en 1999. Por su parte, Urra Guridi denunció a España a la ONU en febrero del 2002.

    Como el deber de este Comité de Torturas, constituido por 10 expertos elegidos por los propios países que han ratificado la Convención de Ginebra, es "impedir que se produzca la impunidad de las personas que han cometido actos de tortura", para la ONU resultan inaceptables los indultos sobre hechos que han sido previamente confirmados y sancionados por los mismos tribunales españoles.

    EXIGENCIA DE REPARACION El Comité, presidido por un español, Fernando Mariño Menéndez, lamenta, además, que los guardias civiles imputados no hayan sido objeto de investigaciones disciplinarias mientras fueron procesados.

    En las conclusiones, la ONU solicita a España que garantice la reparación y rehabilitación completa de la víctima. E impone además al Gobierno un plazo de 90 días con el fin de informar sobre las medidas que adoptará y de esta manera conformarse con la decisión de un órgano de control de un tratado que forma parte del derecho español.