Después de perder las elecciones del 14 de marzo del 2004, Mariano Rajoy prometió hacer una oposición "leal" y "constructiva". Casi dos años después, el abismo entre el Gobierno socialista y el PP no puede ser mayor. El tradicional consenso entre los dos partidos mayoritarios en los grandes temas de Estado --lucha antiterrorista, modelo territorial, política exterior-- es nulo.
El PP sostiene que José Luis Rodríguez Zapatero es el causante de la ruptura y atribuye al jefe del Ejecutivo todos los males reales o hipotéticos que aquejan hoy a España. Pero, ¿en qué medida ha cumplido el presidente de los populares su compromiso de ejercer una oposición constructiva y leal?
La respuesta hay que buscarla en el Parlamento, como foro por excelencia de la actividad política. Si bien es cierto que los proyectos de ley parten por lo regular de los gobiernos, los grupos parlamentarios tienen capacidad de promover normas legales mediante la presentación de proposiciones de ley. En lo que va de legislatura --desde abril del 2004-- las formaciones políticas han planteado en total 183 iniciativas de ese tipo, de las cuales el PP ha sido autor de apenas 18. Una cifra más bien baja para un partido con 148 escaños.
La excepción
Tampoco se ha caracterizado el PP por apoyar con su voto las leyes que surgen del Parlamento. Sólo en muy contados casos, como ocurrió con la ley sobre violencia doméstica, los conservadores permitieron que una norma saliera por unanimidad. Por supuesto que están en su derecho de oponerse por sistema a las iniciativas gubernamentales, y tal vez en muchos casos tengan argumentos para su negativa. Pero queda en entredicho la pretendida voluntad constructiva anunciada por Rajoy.
También se destaca el PP por ser el promotor de las cuatro únicas mociones de reprobación de miembros del Gobierno que se han presentado en la legislatura. Todas ellas fallidas. La del ministro de Industria, José Montilla, por haber obtenido supuestos "privilegios particulares". La de José Antonio Alonso (Interior), por la detención de los dos militantes del PP acusados de agredir al titular de Defensa. La de Miguel Angel Moratinos (Exteriores), por acusar a José María Aznar de haber apoyado una intentona golpista contra Hugo Chávez. Y la de María Antonia Trujillo (Vivienda) por las difíciles condiciones de acceso a la vivienda.
Por otra parte, el presidente del PP de Extremadura, Carlos Floriano, aseguró ayer que sería "razonable" transferir a los ayuntamientos las políticas sociales para que los entes locales presten servicios a las personas dependientes, informa Europa Press. Los ediles, dijo, conocen las dificultades de las familias que tienen alguna persona dependiente".
