El Parlamento foral, con el rechazo de UPN y PPN, ha aprobado una Ley foral que paraliza los despidos que se lleven a cabo en las empresas integradas en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), pese a los informes que advierten de una posible inconstitucionalidad en esta norma.
La proposición de Ley foral, presentada y apoyada por PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai, frena la reestructuración planteada por el Gobierno foral para sus empresas públicas al modificar la ley de creación de la CPEN y obligar a la autorización previa de la Cámara para operaciones sobre las participaciones en sociedades públicas.
Requerirá además autorización previa del Parlamento las operaciones de fusión, escisión, transformación, disolución, liquidación y cualquier otra operación de reestructuración de estas empresas, y la presentación de expedientes de regulación y planes de reestructuración de plantillas que afecten a más del 10 % de los empleados de una sociedad pública.
Una disposición transitoria establece que esta autorización de la Cámara será necesaria para cualquier operación de ese tipo iniciada desde el 1 de enero de 2013, y "que no haya sido llevada a cabo completamente", según se ha apostillado en una enmienda in voce presentada hoy por los propios proponentes para "matizar" la retroactividad que podía entenderse inconstitucional.
En todo caso, la nueva norma afectaría a la reestructuración de la mayoría de plantillas planteada en mayo por el Gobierno de Navarra para las empresas integradas en la CPEN, que es el objetivo de la oposición.
El PPN ha presentado y ha visto rechazadas cuatro enmiendas de supresión, con las que pretendía dejar sin efecto la propuesta por invadir competencias del Ejecutivo foral establecidas en el Amejoramiento del Fuero, referidas al mercado laboral.
En el turno del Gobierno, la propia presidenta, Yolanda Barcina, ha mostrado su "absoluta disconformidad" con lo aprobado, que ha pedido que "por responsabilidad" se retirara por las "incorrecciones jurídicas graves y alguna inconstitucional" que aprecian los servicios jurídicos que "no se solucionan" con la enmienda in voce.
"La retroactividad hubiese sido claramente inconstitucional, pero no es el único error en el fondo y la forma" de la propuesta, con la que los grupos de la oposición hacen que el Parlamento "tome funciones que no le son propias".
"Estos grupos están tomando un camino muy peligroso, legislando de antemano atentando contra la separación de poderes, contra las competencias estatales y contra el ordenamiento jurídico en el que se asienta las bases de la Comunidad foral", ha advertido, para subrayar la "gran incertidumbre e inseguridad jurídica" que crea al contravenir los principios básicos del derecho laboral y mercantil.
Barcina ha defendido la reestructuración de la CPEN en el actual momento de crisis económica, ha recordado que en el País Vasco el gobierno nacionalista ha anunciado medidas similares que sus compañeros de partido no aprueban para Navarra, y ha alertado de la situación que precisa "buscar soluciones factibles y no demagógicas".
