La agencia Namsa de la OTAN, con la que el Ministerio de Defensa español contrató el avión Yak-42, reconoció ayer su responsabilidad por la falta de póliza de seguro de los pasajeros. En el avión fallecieron 62 militares españoles el 26 de mayo del 2003 cuando regresaban de Afganistán. El Ministerio de Defensa adelantó a las familias el importe del seguro, que no fue suscrito y que era de 75.000 dólares por pasajero, y reclamó a Namsa su responsabilidad.
En una carta remitida ayer al jefe del Estado Mayor de la Defensa, teniente general Félix San Roldán, el director de Namsa, Karl Heinz Münzer, reconoce que no veló por las condiciones del contrato ni realizó un seguimiento de las subcontrataciones efectuadas por el broker alemán Chapman Freebor.
La misiva admite la responsabilidad de Namsa y llega después de que Sanz viajara personalmente a Bruselas el día 1 para aclarar este asunto y de que el ministro de Defensa, José Bono, anunciara su intención de plantear este tema en la reunión del Consejo Atlántico que se celebra el jueves. Bono contaba con el apoyo de varios ministros "con peso específico" en el Consejo.
La asunción de responsabilidades es un primer paso para que Namsa reintegre al Ministerio de Defensa el importe de los seguros, que supera la cifra de cuatro millones de euros.
DEJADEZ La carta del responsable de la agencia de servicios de la OTAN reconoce, según fuentes de Defensa, que no realizó un seguimiento de las condiciones de contratación que realizaba Chadman, por lo que desconocía la falta de póliza de seguro y la cadena de subcontrataciones, que en el caso del Yak pasó por otros cinco intermediarios.
La misiva añade que las autoridades españolas, por razones que se desconocen, no ejercieron su derecho a inspeccionar los aviones y documentos relativos a los vuelos que contrataba a través de la agencia para el transporte de tropas y de material a Afganistán y a Irak. Esa afirmación contrasta con la que realizó en sentido contrario el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, quien aseguró en el Parlamento que se revisaban los documentos sobre los aviones y los planes de vuelo.
La revisión de los contratos de los 44 vuelos realizados en los años 2002 y 2003 ha permitido al Ministerio de Defensa detectar unas diferencias millonarias entre el coste real de la contratación y el consignado en las cuentas del ministerio, lo que lleva a sospechar que se desviaron entre cuatro y cinco millones en comisiones extrañas. El ministro Bono se esperará a informar al Congreso de los Diputados hasta el día 22, pasadas las elecciones gallegas, para no enconar los ánimos políticos.
