Pablo Casado está redefiniendo su estrategia contra el independentismo catalán para intentar distanciarse de Ciudadanos mientras marca de cerca al Gobierno y le recuerda que le necesitará en el Senado para aprobar un posible segundo 155. El presidente del PP, que compite con Albert Rivera por el votante de centro-derecha, aprovechó la junta directiva nacional que se celebró ayer en Barcelona para afear la llamada de los naranjas a quitar lazos amarillos. Tres días antes de la celebración de la Diada, Casado pidió evitar el «enfrentamiento directo» en la calle en aras de la convivencia entre catalanes.

El líder conservador no volvió a utilizar la expresión de que el Once de Septiembre se haya convertido en una fiesta «xenófoba», aunque comparó la situación en Cataluña con la que vivió Euskadi con ETA. «No habríamos ganado nada irrumpiendo en una herriko taberna para enfrentarnos a quienes aplaudían a los asesinos», afirmó antes de reclamar confianza en las instituciones. El presidente de los populares apuntó que los constitucionalistas no pueden caer en esta «trampa» porque perderían las «razones políticas».

Descartó cualquier opción de diálogo. «No quiero seguir hablando de ellos, ni con ellos, quiero que les ganemos y que ellos pierdan», declaró antes de recibir el aplauso de los suyos. En su opinión, hay riesgo de «fractura de España», pero no solo por los nacionalistas sino también, en su opinión, por los socialistas, a los que ve sometidos a los independentistas que auparon a Pedro Sánchez. Y volvió a poner en valor la mayoría absoluta del PP en el Senado para aplicar de nuevo el artículo 155 con la «extensión y duración que el partido considere» (aunque no mencionó que es el Gobierno el único que puede activarlo).

Llegó a decir que se «comienzan a dar objetivamente las circunstancias» para aplicarlo, aunque con posterioridad fuentes del partido no las pudieron concretar. El líder popular desearía que la posible intervención tuviera mayor «extensión» y afectara a TV-3 y al sistema educativo.

IMPORTANTES AUSENCIAS / La primera junta directiva nacional de la nueva etapa tuvo algo de amarga para Casado: no solo faltó Soraya Sáenz de Santamaría, también causaron baja barones relevantes como Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y María Dolores de Cospedal (Castilla-La Mancha). Supuestamente muchos fallaron por ser fiesta en algunas comunidades y muchos municipios, y también por causas personales, razón que argumentó Santamaría.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, visitó ayer en la localidad de Blanes (Gerona) al dueño del restaurante que se enfrentó en varias ocasiones en el mes de agosto a personas que trataban de colocar lazos amarillos ante su local. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró ayer que la «pesadilla» de los independentistas es que su partido gobierne y «por eso apoyan a Pedro Sánchez para retrasar elecciones», y retó al presidente del Gobierno a que «si está convencido de lo bien que lo está haciendo, que ponga las urnas». Rivera propuso que si Sánchez está tan convencido «que nos deje votar, a ver si los españoles legitiman ese pacto». «Está aguantando porque teme que los ciudadanos castiguen su pacto con el presidente de la Generalitat, Quim Torra», aseguró Rivera, al tiempo que subrayó que «gobernar España con los que la quieren liquidar es incompatible, lo entiende cualquiera menos Pedro Sánchez», afirmó.

‘GOBIERNO CHOLLO’ / Rivera criticó que el «socio de gobierno» sea una persona que llama «bestias taradas a los españoles» y recordó que en España se va a votar tarde o temprano y que se necesita un gobierno a la altura de la sociedad civil española. Insistió en que el de Sánchez «es el gobierno chollo de los separatistas porque quieren un gobierno débil, que no tenga mayoría y quieren separarse del constitucionalismo», por lo que cree que no se debería haber levantado el artículo 155. Según Rivera, Ciudadanos trabaja para que las clases medias puedan llegar a final de mes, con una economía solvente y ha resaltado la defensa de un proyecto constitucional y democrático como uno de los tres pilares fundamentales para construir la España del siglo XXI.