"Durante años, muchos empresarios nos han dicho que han pagado comisiones a las administraciones, pero ninguno ha accedido a repetirlo ante un juez o un fiscal", reconoce un dirigente de Esquerra, partido que con ICV denunció la existencia de estas prácticas corruptas durante la última campaña electoral. La lucha contra la corrupción fue, precisamente, una condición que ERC puso sobre la mesa cuando negoció con CiU y con el PSC un pacto de gobierno.
Ese pacto, firmado por el PSC, ERC e ICV, comprometió a sus firmantes a crear una oficina antifraude destinada "a preservar la transparencia y el funcionamiento ético del sistema público, especializado en evitar las prácticas irregulares en las concesiones y contrataciones de bienes y servicios del sector público". También se comprometían a aplicar en la Generalitat, "de forma inmediata, los convenios del Consejo de Europa relativos a la lucha contra la corrupción".
