Los interrogatorios de los acusados comenzaron esta mañana con los tres más dispuestos a reconocer los hechos que les imputa la fiscalía Anticorrupción en el juicio del caso Gürtel. El tribunal de la Audiencia Nacionalque les juzga pudo así oír de primera mano cómo las empresas de Francisco Correa pagaban en negro y se hacían cargo de abonar las comisiones que fueran necesarias para resultar adjudicatarias de terrenos o servicios dependientes de administraciones bajo el poder del Partido Popular.

Tanto el empresario Jacobo Gordon, como el constructor Alfonso García-Pozuelo y el exconcejal de Majadahonda (Madrid)Roberto Fernández admitieron sus vínculos con Correa y describieron cómo operaba su grupo empresarial con los responsables del partido concernidos. El botón de muestra que pusieron a disposición del tribunal de ello fueron los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

Previamente, la Sala pudo escuchar cómo Rafael Naranjo -al que no se juzga por incapacidad-declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante la instrucción del caso que ingresó un millón de euros en una cuenta que le facilitó alguien que no supo precisar del Ayuntamiento para que su empresa, Sufi, fuera adjudicataria del servicio de limpieza del distrito madrileño de Moratalaz. Con ese dinero, dijo, los responsables municipales viajarían por Europa para conocer otros servicios similares.

Tras escuchar las grabaciones de lo que por fallecimiento o enfermedad no podrán ser juzgados, el llegó el turno a Jacobo Gordon, el economista que fue socio del yerno de José María Aznar, Alejandro Agag. El acusado, que se enfrenta a dos años de cárcel por blanqueo, explicó que en 2002 coincidió en un restaurante con Correa, al que conocía de mítines del PP a los que había asistido, y decidieron colaborar en proyectos inmobiliarios.

Entre sus negocios, “una oportunidad en Majadahonda”, donde había un terreno por cinco millones, cuyo vendedor quería 750.000 en B. Del dinero negro se ocupó Correa, que abonó 300.000 y el entonces alcalde de la localidad, Guillermo Ortega, que se enfrenta a 50 años y cuatro meses de cárcel, puso 150.000. Los otros 300.000 correspondieron a otro inversor.

Explicó que Correa le propuso que también participara elextesorero del PP Luis Bárcenas, pero finalmente este rehusó, y el cabecilla de la trama acabó asumiendo la participación de Ortega, cuando el alcalde quiso retirarse. Al relatar sus trapicheos, consistentes en ocultar con participaciones en distintas empresas, los pagos en B, también fue mencionado el presidente de Isolux Corsan, Luis Delso, del que dijo que se lo había presentado Correa. Negó haber oído al empresario en algún momento haberse referido a él como “Luis, el cabrón”, término que aparece en la contabilidad intervenida a la trama en un pendrive y que se discute si responde a Bárcenas o a otro Luis. Al contrario, dijo, "tenían muy buena relación".

El constructor Alfonso García-Pozuelo, que ya ha pagado a la justicia más de 21 millones de euros, para hacer frente a sus responsabilidades penales, aseguró que no recordaba haber pagado a Correa por las adjudicaciones que se le concedieron en Castilla y León, aunque creía que “era para organismos centrales”, y que una vez sí le dijo Correa que “de esos fondos también participaba Bárcenas”. Esa mención llevó a la defensa del extesorero a dejar constancia de las preguntas que tenía pensado dirigirle, referidas a su relación con el PP, partido al que dijo que hacía donaciones “de forma altruista”, y al exministro de Fomento con el PP Francisco Álvarez-Cascos.

Las fiscalas atribuyen también a García-Pozuelo una amplia relación con el exmarido de la exministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda, durante el tiempo que fue alcalde de Pozuelo, aunque el acusado que más se refirió a él fue quien fue su concejal de Economía, Roberto Fernández.

Fernández aseguró que sabía que Sepúlveda cobraba dinero de Correa en su despacho o en centros comerciales, aunque la mayoría de las veces recibía regalos, como un Land Rover, o viajes de la trama. Según el exedil, todos los contratos de Pozuelo se hacían con las empresas de Correa por mandato expreso de Sepúlveda, que comentaba sin tapujos que había financiado su campaña a la alcaldía con 100.000 euros, hechos por los que el PP está imputado como partícipe a título lucrativo. Las fiscalas piden 15 años y cuatro meses para Sepúlveda.