La sentencia de la llamada trama Gürtel valenciana, conocida ayer, cifra en dos millones de euros el dopaje electoral en el que incurrió el Partido Popular en el periodo estricto de las campañas electorales de los años 2007 (locales y autonómicas) y 2008 (generales), pero apunta que hubo también 1,4 millones de gastos en actos no electorales que se abonaron «fuera del circuito legal del dinero y no se contabilizaron». Serían pues al menos 3,4 millones de euros los abonados irregularmente solo en esos dos años.

El fallo también apunta que la declaración de Víctor Campos, otro de los vicepresidentes de Francisco Camps y del propio expresidente valenciano «ha sido totalmente infructuosa para aclarar los hechos enjuiciados, nada saben, nada recuerdan, nada reconocen».

Destaca la «radical negativa» de Francisco Camps a admitir cualquier conocimiento de la trama y en parte la achaca a que «tiene la condición de investigado en tres piezas de esta trama, con lo cual su derecho a no declarar contra sí mismo, que conoce y se le ha recordado, es aún más evidente».

La sentencia llega apenas dos semanas después de otro fallo que establecía que el PP nacional también había tenido caja b y que puso en duda la credibilidad de Mariano Rajoy, lo que dio pie a una moción de censura que le apartó hace unos días de la presidencia del Gobierno.

El expresidente Camps está ahora bajo los focos de la justicia por el caso de las irregularidades en la organización de la Fórmula 1. El pasado 18 de mayo el exdirigente del PP atribuyó un carácter «puramente político» a la causa, obviando la postura del fiscal anticorrupción, que decidió presentar una querella al entender que existen indicios de criminalidad. Responsabilizó, en primer lugar y de manera reiterada, a Compromís de haber iniciado el caso con una denuncia, que en realidad presentaron Esquerra Unida y el PSPV, personado como acusación particular. Cuando se le recordó este hecho se limitó a decir: «A cual peor».

Además, afirmó que había sido el carácter «catalanista» de Compromís el que había impulsado la denuncia, para favorecer al Gran Premio de Montmeló y porque la fuerza de izquierdas quiere ver a la Comunidad Valenciana subordinada a Cataluña. «Aquí estamos porque un día los señores de Compromís dijeron que los valencianos no podemos estar por encima de los catalanes porque se les viene abajo su proyecto», declaró.

Preguntado por el hecho de que se hubiera dicho que la F-1 no iba a costar ni un euro a los valencianos y que el gasto se cifre ahora en 300 millones, apuntó que «la rentabilidad de todos estos eventos es evidente». «Es el proyecto más rentable de la historia de la Comunidad Valenciana sin ninguna duda. En el 2008 ya ingresamos más de 400 millones en renta de economía valenciana. ¿Por qué Cataluña sigue teniendo F-1?», se preguntó.