La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha calificado de "inútil, ilegal y que vulnera los derechos humanos" la ley aprobada por el Gobierno para regular las ejecuciones hipotecarias y ha pedido a los jueces que sigan demostrando su sensibilidad social "más allá" de esa normativa.
"Sin duda en el último año la mayoría de los jueces han demostrado mayor y mejor conocimiento de la realidad social que el propio Gobierno, y muchos han denunciado ya la ineficacia de la ley recientemente aprobada por la mayoría absoluta del PP", señala la PAH en un comunicado.
"Ahora les pedimos que mantengan esa sensibilidad, que no se resignen y, en aplicación de la normativa europea, vayan más allá de la ley 1/2013", pide la PAH, cuyos abogados han elaborado "un kit de emergencia" con modelos de escritos para presentar en los juzgados por parte de los afectados para parar los desahucios.
La plataforma insiste en que la nueva legislación, aprobada en el Congreso con el apoyo del PP, no reconoce que el Tribunal de la UE estableció que "el procedimiento español de ejecución hipotecaria deja en absoluta indefensión a la ciudadanía, sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles".
Según la PAH, la ley 1/2013 "no respeta un procedimiento con todas las garantías legales necesarias, fija para los procedimientos en marcha un plazo de caducidad de un mes, cuando hasta ahora no había plazo, y equipara la publicación en el BOE a la expresión 'tener conocimiento', provocando la consiguiente inseguridad jurídica por notificación mal realizada".
También, según la PAH, "pretende legalizar cláusulas abusivas y fija los intereses de demora en tres veces el interés legal del dinero, cuando venían fijándose en 2,5 veces o incluso menos. En Alemania, por ejemplo, los intereses no pueden superar el 3 %, y en otros países europeos se fija en el tipo legal más 1 o 2 puntos".
"La ley permite la aplicación de intereses de demora una vez declarada nula la cláusula, cuando antes se impedía su integración y permite fijar el precio para la subasta en un 75 % de su valor de tasación, cuando antes era del 100 %", critica la PAH.
"Se produce incluso discriminación por edad (caso de las familias que pueden acogerse a la moratoria del desahucio sólo en caso de que haya un menor a 3 años), una discriminación que podría considerarse inconstitucional", denuncia la PAH.
La nueva ley mantiene los desalojos forzosos "sin alternativa habitacional y con criterios arbitrarios" y mantiene también "la deuda perpetua".
La PAH concluye que la nueva ley "deniega derechos ya reconocidos por la legislación vigente, la jurisprudencia o las directivas europeas" y asegura que es una norma "hecha al dictado de los bancos, que una vez más viola los derechos humanos y excluye totalmente a los más vulnerables".
