El pleno del Congreso instó ayer al Gobierno a aplicar una política de "dispersión, control y seguimiento riguroso" de los presos vinculados a grupos islamistas e imputados por delitos de terrorismo. Lo hizo por unanimidad. Una proposición del Partido Popular, enmendada por el PSOE y CiU cosechó 297 votos favorables frente a uno contrario y una abstención.
La diputada popular por Barcelona Alicia Sánchez Camacho fundamentó su iniciativa en denuncias de los funcionarios de prisiones. Señaló que 110 presos musulmanes han impuesto sus reglas en la prisión de Topas (Salamanca) y han provocado tensiones en otros centros penitenciarios como el de Dueñas (Palencia) --donde el porcentaje de extranjeros alcanza el 71%-- y en A Lama (Pontevedra).
Tras explicar que ya hay más de 16.000 reclusos extranjeros y que 6.000 de ellos son magrebís a la espera de juicio, reclamó "un nuevo modelo de tratamiento penitenciario" para evitar que "presionen y extorsionen" a otros reclusos.
VIGILANCIA EN LAS CARCELES Angel Martínez Sanjuán, del PSOE, reconoció la existencia de problemas en las cárceles, pero consideró exageradas las denuncias del sindicato mayoritario de prisiones, Acaip. Señaló que un dirigente sindical ha llegado a alertar del riesgo de que los islamistas "se hagan estallar" dentro de las cárceles, lo que sería tanto como suponer que pueden pasar explosivos, y atribuyó las exageraciones a la tensión negociadora con la dirección de las prisiones, con la que acaban de firmar un acuerdo para la mejora de las condiciones laborales.
En todo caso, el diputado socialista aceptó la conveniencia de estimular al Gobierno a que continúe con la política de dispersión de los presos e intensifique las medidas de control y observación necesarias para evitar que los islamistas se organicen en las cárceles españolas, presionen a otros reclusos y comporten riesgo para la seguridad interior y exterior.
EN 30 PRISIONES Martínez Sanjuán aseguró que los 84 presos islamistas encausados por delitos de terrorismo ya se encuentran dispersos en 30 prisiones y que ninguno de ellos está interno en Topas (Salamanca), donde se han producido disturbios y enfrentamientos.
Jordi Jané, de CiU, respaldó la necesidad de acentuar los controles, el seguimiento y la dispersión en los casos especialmente graves y lo propio hicieron los portavoces de los demás grupos.
El texto aprobado señala que las medidas "organizativas, de clasificación y disciplinarias si procede" se apliquen "con absoluto respeto a los derechos de los internos" y obliga al Ejecutivo a mantener informados a los grupos parlamentarios de las medidas relevantes que adopte en esta materia concreta.
