Tras meses de arduas negociaciones, los grupos parlamentarios han acercado posiciones para sacar adelante la nueva ley de financiación de partidos políticos. El preacuerdo ha sido posible después de que ERC, autor de la iniciativa, aceptara incluir a las empresas entre los potenciales donantes y de que el PP y CiU accedieran a la supresión de las aportaciones anónimas. Vencidos los dos mayores obstáculos, las formaciones ven salvable uno de los pocos escollos que quedan, que es el tope máximo de los donativos.
La iniciativa parlamentaria de ERC establece que los partidos solo podrán recibir desde el sector privado aportaciones de personas físicas, no de empresas. El portavoz de los republicanos en el Congreso, Agustí Cerd , desveló ayer que su grupo había levantado el veto a las empresas tras acordar con el PSOE algunas medidas adicionales que propondrán en breve a las demás formaciones. Citó el aumento de las subvenciones públicas a los partidos y la posibilidad de que los bancos puedan renegociar o condonar las deudas de las agrupaciones políticas.
Cerd reconoció que tal vez no resulte muy popular un aumento de ayudas públicas a los partidos. Sin embargo, defendió esta vía con el argumento de que "unos partidos bien financiados son garantía de que no serán corruptos".
Camino allanado El responsable de las negociaciones de la nueva ley por el Grupo Popular y vicepresidente de la comisión constitucional de la Cámara baja, Jaime Ignacio del Burgo, señaló a este periódico que el camino para el acuerdo está allanado. Fuentes de CiU aseguraron haber aparcado ya su principal caballo de batalla, que era el derecho de recibir donativos anónimos, terreno en el que los nacionalistas catalanes obtienen ingentes recursos económicos.
Resulta prácticamente imposible que la nueva ley --que reformará a la vigente desde 1987-- se apruebe antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo próximo, en las que uno de los temas centrales de debate será la corrupción urbanística y sus ramificaciones políticas. Aún falta superar algunas trabas antes de alcanzarse el consenso con que el Gobierno pretende que se apruebe esta norma.
Una de ellas es la relativa a los topes de las donaciones privadas. La ley en vigor la fija en 60.000 euros. El PSOE y ERC pretenden rebajarlo a 30.000 euros, mientras que el PP y CiU aspiran a cifrarlo en 90.000. Pese a las diferencias, las fuentes consultadas consideran que no habría ninguna dificultad para alcanzar un acuerdo en este punto.
Sesiones especiales Una vez se llegue al consenso, la iniciativa pasará para su estudio a la comisión constitucional del Congreso, que está saturada de trabajo por la llegada de estatutos autonómicos para el debate. El PSOE prevé solicitar al presidente de dicha comisión, el socialista Alfonso Guerra, que habilite algunas sesiones especiales para estudiar la nueva ley de financiación de partidos, pero ni siquiera con esa medida parece posible su aprobación antes de los comicios de mayo próximo.
ERC presentó en marzo del 2005 la iniciativa para la reforma de la financiación de partidos con el fin de reforzar la "transparencia" de las formaciones en un momento en que se multiplican los casos de corrupción y empeora en los sondeos la percepción que los ciudadanos tienen de la clase política. Esto último puede influir en los grupos para labrar un consenso sobre la financiación.
