Sin hacer apenas ruido, casi en silencio, los partidos se han asegurado legalmente una nueva vía de financiación pública. A iniciativa del PP, el Congreso aprobó por unanimidad a mediados de diciembre que las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas se sufraguen a cargo de los Presupuestos del Estado, las autonomías y los ayuntamientos.
Pese a depender orgánicamente de los partidos, seguirán a salvo de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, pero desde el 1 de enero gozan de los mismos privilegios fiscales que el resto de entidades sin ánimo de lucro.
LEVE MODIFICACION
El Gobierno lleva varios lustros subvencionando a estas entidades políticas pese a carecer de un instrumento presupuestario para hacerlo. Para cubrir esta laguna legal, reiteradamente denunciada por el Tribunal de Cuentas, el PP introdujo una enmienda en la nueva ley de fundaciones a su paso por el Senado.
Mediante esta leve modificación se añadió a la norma en cuestión la siguiente disposición adicional: "Las fundaciones vinculadas a los partidos políticos se regirán por lo dispuesto en la presente ley, y sus recursos podrán proceder de la financiación pública a través de los presupuestos de las distintas administraciones públicas en los términos establecidos en la legislación presupuestaria aplicable y, en su caso, mediante las correspondientes convocatorias públicas".
El 19 de diciembre, esta enmienda fue convalidada por el Congreso con 310 votos a favor y una solitaria abstención, de modo que se incorporó a la norma para su entrada en vigor el 1 de enero. La reforma permitirá que, a partir de este año, Estado, comunidades autónomas y municipios consignen partidas específicas para financiar a estas fundaciones y, de forma indirecta, a los partidos a los que están ligadas.
El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro reconoce que el principal objetivo de este punto de la reforma es que "las administraciones definan previamente cada año qué cantidad quieren destinar a la fundaciones vinculadas a partidos políticos", sin por ello "incrementar o reforzar su fiscalización".
BENEFICIOS FISCALES
La ley de fundaciones ha sido tramitada y aprobada en paralelo a la de mecenazgo, que brinda numerosos privilegios fiscales a todas las entidades sin ánimo de lucro, que mueven cada año 24.000 millones de euros, unos cuatro billones de pesetas. En adelante, las fundaciones --incluidas las políticas-- no pagarán impuestos sobre la mayor parte de las rentas, plusvalías y beneficios que se deriven de su actividad económica. Los donativos de particulares y empresas desgravarán un 25% en la declaración de la renta, cinco puntos más que antes.
Estas entidades políticas, como las restantes fundaciones de carácter privado, deberán someterse a una auditoría externa --salvo que su volumen sea reducido--, pero el Tribunal de Cuentas no podrá fiscalizar sus finanzas, salvo en el caso de que se reformara la ley que regula sus competencias.
