El Partit Demòcrata de Cataluña (PDC), la antigua Convergencia, presenta este jueves la anunciada querella criminal contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz y el ya exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) -cargo del que el Parlament le destituyó-, el magistrado Daniel de Alfonso, a los que acusa de violación de secretos por parte de funcionario público, prevaricación y malversación de fondos públicos por el llamado 'Fernándezgate'.
La acusación se basa en la grabación de las dos conversaciones mantenidas por el ministro en funciones y el exdirector de Antifraude en el despacho ministerial, grabación divulgada por el diario Público. El texto de la querella es contundente al denunciar, por ejemplo, que el ministro "aporta su grano de arena con más información mostrando su disposición a revelarla a periodistas que supone afines". Se refiere la querella a informaciones perjudiciales para Francesc Homs y Xavier Trias, ambos convergentes. Recuerda la querella que Antifraude tiene como obligación una reserva máxima de sus actuaciones investigadoras y que en todo caso debe transferir la información a la fiscalía o a la justicia pero no al ministro.
UN "OBJETIVO ILÍCITO Y SECTARIO"
El texto de la querella indica que De Alfonso entregó documentación "a quien no debía" y "para lo que no debía", con lo cual concluye que "como fin último se perseguía un objetivo ilícito y sectario reconocido sin tapujos por los dos intervienes: establecer las condiciones idóneas para filtrar dicha información y destruir política e, incluso, personalmente, a los adversarios políticos".
Del ministro considera probada su participación no solo por recibir a De Alfonso, sino porque "toma documentos, promete apoyos, planifica actuaciones, realiza contactos y "afinamientos", entre otras gestiones.
Respecto a la prevaricación, la querella justifica este posible delito en que se llevaron a cabo "investigaciones injustificadas e ilícitas" en función de la filiación política de los afectados, dedicando recursos públicos a ello (de ahí la presunta malversación de fondos públicos).
Finalmente la querella admite que si la grabación de las dos reuniones fuera obra de un tercero supondría que no puede aportarse como prueba, pero considera que la primera posibilidad es que uno de ellos grabara las reuniones.
