"Distingidos (sic) señores: Me gustaría que se mejore un poco esta televisión que tenemos y que es tan basura". En castellano u otras lenguas oficiales, con faltas de ortografía, con ingenuidad muchas veces, 2.537 ciudadanos o colectivos se han dirigido al Congreso o el Senado durante los últimos cuatro años de la legislatura que expira para plantear todo tipo de reclamaciones que, formalmente, se llaman "peticiones".

Una antigua prebenda

Los peticionarios se acogen a la ley que regula un derecho recogido en el artículo 29 de la Constitución, reflejo de una prebenda tan antigua como las propias Cortes medievales, según destaca Demetrio Madrid, el presidente de la comisión de peticiones del Senado.

Los temas sobre los que más reclaman los españoles al Parlamento son las pensiones y los indultos y revisiones de procedimientos judiciales, según revela el presidente de la comisión correspondiente del Congreso, José Ignacio Llorens.

Las reclamaciones colectivas suelen referirse a derechos humanos e inmigración, o son protestas sobre el mal funcionamiento de las instituciones. Pero los casos singulares se concentran en la reivindicación del derecho de asociación de los militares, la solicitud de pensiones para los niños de la guerra enviados a Rusia durante la guerra civil, la atención a discapacitados o el apoyo a los represaliados del franquismo.

Sobre las cárceles hay requerimientos de todo tipo. Desde dos transexuales encarcelados que piden ayuda para cambiar de sexo o que, al menos, les trasladen de prisión para "evitar vejaciones", hasta quien reclama que sean indultados absolutamente todos los presos que hay en la actualidad, pasando por un ruego que le hace al Senado el padre del torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, Oscar Antonio, para que sea devuelto a Argentina en libertad "sin interferencias de jueces providenciales", en alusión a Baltasar Garzón.

Que devuelvan Gibraltar

El batiburrillo de las reclamaciones es inabarcable. Lo mismo se solicitan cambios constitucionales contra el plan Ibarretxe que se demanda la devolución de Gibraltar; que se nombre a don Juan, el fallecido conde de Barcelona, Rey de España "a título póstumo"; que se hagan gratis los DNI o que se ayude al medio millón de alérgicos al látex. Una madre incluso pide que se cambie la legislación para que su hijo no herede su piso porque no la quiere.

Tomar nota

Pero las Cortes sólo pueden tomar nota de las solicitudes y se limitan a enviarlas al Gobierno y otras instituciones. A veces, las trasladan también a los diferentes grupos parlamentarios por si quieren plantear iniciativas sobre ellas. Pero las demandas casi nunca se resuelven, como reconoce José Antonio Labordeta, miembro de la comisión: "La verdad es que da pena porque lo que hacemos no vale para nada".