El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha empezado a las 11.40 horas de este lunes a interrogar a los cinco responsables de Manos Limpias y Ausbanc detenidos desde el viernes, entre ellos sus presidentes Miguel Bernard y Luís Pineda, a los que se acusa de crear una trama de extorsión contra entidades bancarias con la que se han enriquecido y que incluyó la oferta de retirar la acusación contra la infanta Cristina.

El magistrado ha comenzado los interrogatorios con Bernard. Además de éste y Pineda han sido puestos a disposición judicial el director de Comunicación de Manos Limpias, Francisco Castro Villacañas; el tesorero de Ausbanc, Alfonso Gil Solé; y el adjunto al presidente de Ausbanc, Ángel Garay Echeverría.

Los cinco han sido conducidos a la Audiencia Nacional desde el complejo policial madrileño de Moratalaz, en el que han estado arrestados todo el fin de semana, a las 06.30 horas, dado que a esas horas vencía el plazo de detención, y desde entonces han aguardado su turno de declarar ante el juez en los calabozos del tribunal.

Bernard y Pineda, que se conocen de la juventud, habríancolaborado en las extorsiones fraudulentas, aunque quién las inició fue Ausbanc, una asociación que afirma tener como objetivo la protección de los consumidores frente a los bancos.

CUATRO GRANDES BANCOS

Las investigaciones apuntan a que entidades bancarias -cuatro han denunciado los hechos- eran extorsionadas y pagaban dinero a Ausbanc en concepto de publicidad en sus publicaciones, cuando en realidad lo que se garantizaba con esos pagos era que la organización hablara bien de ellas, no interfiriera en sus consejos de administración y retirara acusaciones en procesos judiciales.

Entre estas extorsiones estaría el presunto chantaje a La Caixa y alBanco Sabadell, a los que se habría solicitado un total detres millones de euros para que Manos Limpias retirase su acusación contra la infanta Cristina, la única que se ejerce contra ella en el caso Nóos.

Los abogados de la infanta Cristina reconocieron el viernes que existió una conversación que, tanto en el ámbito profesional como deontológico, les incomodaba y que pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales y de la Policía.

La Policía cree que ambas organizaciones trabajaban de forma coordinada y no eran realmente asociaciones sin ánimo de lucro, sino que su objetivo era obtener beneficios para sus dirigentes, para lo que utilizaban como pantalla la protección de los consumidores y las iniciativas judiciales.

De hecho, una de las entidades bancarias llegó a pagar alrededor de un millón de euros en un año en concepto de publicidad, cuando en realidad estos pagos respondían a un chantaje.

La Policía detuvo en esta operación a once personas y practicó seis registros, incluyendo las sedes de las dos entidades.