El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el operativo policial establecido el 1- O sostuvo que los Mossos fueron comunicando a los colegios que iban a ser centro de votación que no actuarían ante la presencia de niños, personas mayores y vulnerables, una circunstancia que el testigo dio a entender que los convocantes del «referéndum ilegal» utilizaron para que se produjera ese «escenario definido» por la policía de la Generalitat «para no poder actuar». Fue cuando informaron a los centros que debían estar desalojados a las 6 de la mañana del 1-O, momento en el que se personarían de nuevo y tendrían que intervenir, «a no ser que hubiera tal masa de ciudadanos que lo dificultara». Y calificó el dispositivo diseñado por los Mossos como «una estafa».

A preguntas de la fiscala Consuelo Madrigal, Pérez de los Cobos dijo que supieron «después» de que las visitas a los centros de votación «habían tenido una finalidad contraria» al mandato judicial, «ya que se trasladaba por parte de los Mossos» la parte dispositiva . Es decir, que el local debía estar cerrado el día 1, pero a la vez precisando que tendrían que actuar «a no ser que hubiera mucha gente que lo dificultara, ya que siempre actuarían teniendo en cuenta la proporcionalidad y la contención y que en ningún caso harían uso de la fuerza». Los impulsores del referéndum «hicieron un llamamiento» para que acudieran a las 5 horas a los colegios «suficiente gente» para que cuando a las 6 fuera una patrulla de los mossos y «no pudiera actuar», en la misma línea que el mayor Josep Lluís Trapero había expresado en la junta de seguridad, cuando dijo que no se actuaría contra personas vulnerables.

MURALLAS ORGANIZADAS / El coronel explicó que si los efectivos de los Mossos era «insuficientes, inadecuados e inapropiados», como «desgraciadamente» ocurrió, la Policía Nacional y la Guardia Civil actuarían «por propia iniciativa». «La actuación de nuestras unidades pretendió ser lo más escrupulosa posible, profesional y proporcional. En ningún caso se encaminó sobre las personas que estaban allí, ni se desalojó los locales. Dentro de esas murallas humanas habían grupos perfectamente organizados y jerarquizados. Vimos gente encapuchada y personas que alertaban de la proximidad de nuestra llegada para impedir nuestra intervención de forma contundente. En ningún caso hubo intervención contra votantes, salvo contra aquellas personas que impedían el acceso a los centros», aseguró. Consideró que con 6.000 efectivos de los policías y guardias civiles habrían servido con la colaboración de los Mosos, mientras que el binomio de los mossos «solo sirvió para dispersar efectivos».

Como hizo el exdelegado del Gobierno Enric Millo, Pérez de los Cobos sostuvo que cuando el presidente de la Generalitat «hizo un llamamiento para defender las urnas, se complicaron mucho más las actuaciones policiales, porque el grado de virulencia de esos grupos que querían parar su actuación se incrementó». Pese a ello negó que hubiera alguna «carga policial ese día, que se destina a desalojo de un lugar, pero como estas fuerzas se rigen por «un uso exquisito de la proporcionalidad», intentaron impedir el referéndum con el «menor coste posible» para el ciudadano y los agentes, pero dado el nivel de agresividad que se detectó las consecuencias lesivas habría sido muy superior a las que conocimos. En ningún momento se dio orden de parar la actuación.

«Desde la jefatura de los Mossos se puso en marcha un operativo más encaminado a facilitar el referéndum ilegal que no ha impedirlo», y ahí enmarcó tanto los mecanismos con el que las parejas de agentes debían pedir refuerzos y las vigilancias a las que se sometió a los agentes policiales y guardias civiles. Y en cuanto a los colegios cerrados por la policía de la Generalitat, señaló que luego se comprobó que no habían retirado material electoral alguno y que en ellos se había votado, incluso por más personas que las censadas. A su entender, la actuación de la policía de la Generalitat fue de una «pasividad absoluta», salvo cuando intentaron obstruir la de la Policía y la Guardia Civil, lo que situó en una decena de locales.

Pérez de los Cobos acusó al mayor Josep Lluis Trapero, de «poner palos en las ruedas» desde que él fue nombrado coordinador del operativo y relató que había una cercanía total entre el máximo responsable policial del cuerpo policial y el Govern.