A Josep Piqué no hay quien le apee de su creencia de que CiU y PSC han llegado a un pacto de silencio para "taparse las vergüenzas". El líder de los populares catalanes reiteró ayer en Madrid que lo ocurrido en Cataluña a raíz de la polémica del 3% es una "omert , en terminología siciliana", al tiempo que expresó su temor a que el tripartito y los nacionalistas decidan una "huida hacia adelante" con un nuevo Estatuto catalán que "desborde" la Constitución para que se "olvide" la polémica sobre la corrupción. Durante su participación en el Fórum Europa, y a la pregunta de si se está "ante una mafia", Piqué contestó con rotundidad: "Estamos ante la sospecha de una mafia de tramas de cobro de comisiones ilegales".
Aunque auguró que lo que se conoce hasta ahora es la punta del iceberg, el máximo dirigente de los populares catalanes admitió no tener pruebas para demostrar la existencia de esta trama. También reconoció que el PP, a lo mejor, fue un tanto laxo en su actuación cuando existía ese clamor popular de un cobro ilegal de comisiones.
A modo de respuesta, los grupos del PSC y de ICV-EUiA instaron a Piqué a dirigirse a la Fiscalía si tiene "pruebas" de la existencia de esta "mafia", y le acusaron de querer hacer "ruido" para tapar asuntos en los que presuntamente están implicados los populares como los de "Marbella y Majadahonda".
NUEVA IRREGULARIDAD Por otra parte, ayer se conoció un nuevo presunto caso de irregularidades en la obra pública catalana. Se trata de la liquidación final de la obra del nuevo tren cremallera de Montserrat (Barcelona), que presentaba unos gastos extras por cambios introducidos que suponían 3,29 millones de euros (un 10% más de lo pactado en el presupuesto). El contrato no preveía incrementos.
La factura, que CiU autorizó y no pudo pagar por la resistencia de los empleados de la empresa Ferrocarrils de la Generalitat, se la encontró Joan Torres, en febrero del 2004, cuando asumió la presidencia de la compañía.
