El Ministerio de Economía y las comunidades se reúnen hoy en Madrid para negociar la reforma de la financiación sanitaria, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) votará el miércoles para que el sábado la conferencia de presidentes selle el acuerdo.

Las estimaciones de la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Economía, confirman que la oferta financiera del Ejecutivo no bastará para paliar el déficit sanitario de las autonomías, que tarde o temprano se verán abocadas a subir sus propios impuestos.

Gobierno y autonomías han hecho ya sus números: el primero, sobre el reparto de la ayuda prometida --627 millones los dos primeros años, y en adelante sólo 127 millones anuales por la subida del alcohol y el tabaco-- y el margen que tiene para elevarla; las segundas, sobre los recursos que les corresponden y los que les faltarán para cubrir sus respectivos déficits.

EL REPARTO De estos 627 millones, la Administración calcula que por su mayor volumen de población, Andalucía obtendrá 122,3 millones (el 19,5% del total), cuando su déficit supera los 600 millones. La Comunidad de Madrid, que cifra su agujero sanitario en 835 millones, recibirá sólo 72,7. A la Generalitat de Cataluña le tocarán 103,7 (el 16,5%), una cifra muy inferior a los 2.100 millones de déficit que arrastra la sanidad catalana. La Comunidad Valenciana recibirá 63,8 millones, Extremadura 20,5 y Castilla y León 46,2.

4.000 MILLONES EN CINCO AÑOS Todos los gobiernos autonómicos consultados, tanto los gobernados por socialistas como populares, exigirán al vicepresidente económico, Pedro Solbes, que consolide en el presupuesto la aportación de 500 millones anuales, en vez de limitarla a sólo dos años.

Las autonomías también le pedirán que el anticipo a cuenta por la recaudación de los impuestos cedidos --800 millones al año-- no sea transitorio, como anunció, sino definitivo, lo que no les otorgaría fondos adicionales, pero sí más liquidez.

Las comunidades reclamarán también que el Estado, que actualmente se embolsa el 60% de la recaudación de los impuestos del alcohol y el tabaco, no se quede con los 190 millones que ingresará de más por la subida de estos tributos, sino que los destine a sufragar la sanidad autonómica. De esta forma, la aportación del Estado a las comunidades ascendería en cinco años a 4.000 millones de euros, frente a los 1.600 que ahora ofrece el Gobierno.

TRIBUTOS IMPOPULARES El otro punto de conflicto entre Estado y autonomías es, precisamente, la presión fiscal. Con la propuesta vertida por el Ejecutivo, las comunidades que necesiten más dinero para destinar a la sanidad podrán gravar los carburantes y la electricidad hasta obtener 1.838 millones de euros más al año, una subida fiscal seis veces superior que la que realizará el Estado con los impuestos del tabaco y el alcohol.

Con el agravante de que encarecer el precio la gasolina o la electricidad resulta una medida mucho más impopular de cara a los ciudadanos que subir el tabaco o el alcohol.