Todos los grupos con representación en las Juntas Generales de Guipúzcoa, el órgano legislativo foral, aprobaron ayer el informe de la comisión investigadora sobre el fraude cometido en la oficina de la Hacienda de Irún. En el dictamen se atribuye a siete exaltos cargos, todos vinculados al PNV, las responsabilidades políticas por la "falta de control" que hubiera podido evitar el escándalo. Los propios representantes peneuvistas apoyaron el grueso del informe, aunque intentaron limitar las responsabilidades a dos personas.

Los juzgados de Irún investigan la causa. El exdirector de la oficina de la Hacienda foral en esta localidad, José María Bravo, su mujer, su socio, una trabajadora y un decorador están imputados por un delito de fraude. Según la Fiscalía, se habrían dejado de ingresar 8,1 millones de euros, de los cuales los imputados se habrían apropiado indebidamente de 1,8 millones de euros. José María Bravo es hermano de Víctor Bravo, exsenador del PNV y exdirector de la Hacienda de Guipúzcoa.

El fiscal detalló en su denuncia que José María Bravo cobraba diferentes cantidades a los contribuyentes morosos, aunque luego no las ingresaba en Hacienda, sino en cuentas corrientes a nombre de los inculpados o de entidades mercantiles interpuestas. Las deudas se daban por extinguidas mediante declaraciones de insolvencia o bien constatando que el expediente había prescrito.

SIN IMPLICACIONES Mientras los tribunales dilucidan si han existido delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, las Juntas pusieron en marcha una comisión de investigación. Su dictamen, aprobado ayer, determinó que siete exaltos cargos, todos vinculados al PNV, incurrieron en "falta de control de la recaudación" entre los años 1995 y 2003, periodo en el que ocurrieron los hechos. Por ello, exigieron responsabilidades políticas al anterior diputado general de Guipúzcoa, así como a otros seis exresponsables del área de Hacienda y Finanzas, entre los cuales se encuentra Víctor Bravo. Sin embargo, estas conclusiones no tendrán consecuencias prácticas, ya que los exaltos cargos no continúan en la Diputación.

MALA GESTION Tras más de un año de trabajo y cerca de 40 comparecencias, los seis grupos de las juntas (PNV, EA, EB, PSE, PP y Aralar) concluyeron que los siete exaltos cargos tuvieron distintos grados de responsabilidad política en los hechos, por falta de control y por mala gestión, tras destaparse el caso.

Los nacionalistas vascos apoyaron el grueso del informe, excepto en lo que se refiere a la exigencia de responsabilidades, al estimar que el único que "se extralimitó o intentó extralimitarse en sus funciones" fue Víctor Bravo. Su portavoz en Juntas, Asier Aranbarri, recordó que otro responsable de Hacienda de su partido, Antton Market, admitió con anterioridad y públicamente su responsabilidad por estos hechos.