El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2021 está listo. O así lo creen en el sector socialista del Gobierno que este lunes daba por echo que iba a ser aprobado por el Consejo de Ministros el próximo martes. Pero parece que no todo está tan atado. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no da por terminada la negociación, según fuentes de Unidas Podemos, y avisa de que si no llegan a un acuerdo a lo largo del día el documento en el que llevan trabajando varias semanas no se aprobará mañana.

"Mañana mismo el Gobierno presentará el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, para ser aprobado en Consejo de Ministros", ha anunciado esta mañana Pedro Sánchez a través de Twitter. Un mensaje que previamente había desvelado en la conferencia de presidentes autonómicos en la que ha participado la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No obstante, ese anuncio se tambalea.

Voces de la formación morada explican, a primera hora de la tarde de este lunes, que "no se ha cerrado todavía un acuerdo para poder llevar mañana el proyecto de Presupuestos al Consejo de Ministros" que se celebrará mañana.

LAS DISCREPANCIAS

Una de las principales discrepancias que aleja a ambos socios es la regulación de los precios del alquiler. El líder de Unidas Podemos lleva semanas presionando a los socialistas para vincular las Cuentas públicas a la puesta en marcha de una legislación que permita "poner techo" al precio de los alquileres en aquellas zonas que tengan un mercado "tensionado".

Los morados -que han sumado el apoyo de ERC, EH Bildu, la CUP, Más País, Compromís y BNG- se aferran al acuerdo de coalición que firmaron en diciembre Sánchez e Iglesias, en el que se hace referencia a la necesidad de solventar la problemática de los alquileres.

Pero este no es el único asunto que ha dificultado la negociación de los socios de Gobierno. En Unidas Podemos no han visto con buenos ojos el plan del PSOE de subir el IRPF a las rentas superiores a los 200.000 euros. De nuevo, esgrimen el texto pactado como guía para la legislatura donde se establecía que este incremento de los impuestos afectaría a aquellas rentas superiories a los 130.000 euros.