En Unidas Podemos siguen intentando apretar las tuercas al PSOE para aprobar una legislación que permita regular los alquileres y que, además, tenga su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El nuevo gesto de los morados para presionar a los socialista ha sido incorporar a ERC, EH Bildu, la CUP, Más País, Compromís y BNG a un manifiesto en el que respaldan la "urgente necesidad" de intervenir en el mercado de los alquileres. Todos estos partidos suman 24 diputados, lo que permitiría al Gobierno -155 escaños; 120 del PSOE y 35 de Unidas Podemos- tener una mayoría absoluta para aprobar las cuentas públicas del próximo año.

Hace una semana, Pablo Iglesias comenzó esta campaña de presión a sus socios en el Ejecutivo con una reunión con el Sindicato de Inquilinos en la que prometió trabajar en el seno del Gobierno para hacer cumplir el programa de legislatura que firmó con Pedro Sánchez a finales del pasado diciembre. Desde entonces, fuentes cercanas a Unidas Podemos han asegurado que existen ciertas tensiones con los socialistas en la elaboración del borrador de Presupuestos en torno a la regulación del precio de los alquileres y materia fiscal.

Ahora, los morados incrementan este empuje acudiendo a los partidos que podrían dar al Ejecutivo la mayoría necesaria para aprobar los Presupuestos de 2021. En el texto firmado por las seis formaciones se recoge la necesidad de imputar "una regulación de los precios del alquiler de forma urgente" siendo el principal objetivo "contener los precios del arrendamiento en los municipios con mercados tensionados". Como ya hiciera la semana pasada el líder de los morados, en el documento se hace alusión al acuerdo de coalición y al punto 2.9.3 que recoge el compromiso de "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler".

El escrito señala que en el último lustro "los alquileres han aumentado 30 veces más que los sueldos" lo que ha obligado a muchas familias a dedicar más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda. "La situación es insostenible", sostienen. Si bien reconocen que el camino también pasa por la creación de un mayor parque de vivienda pública protegida, señalan que a corto plazo es imposible dar respuesta a toda las necesidades actuales y que, por tanto, se debe incidir sobre el precio de los alquileres.

Entre sus argumentos también recogen que el incremento en los precios de las viviendas de alquiler no solo afectan a aquellos que tienen que pagarlas sino al conjunto de la sociedad. "Los precios actuales están disminuyendo drásticamente la renta disponible en manos de la ciudadanía, con un impacto negativo en toda la economía", subrayan. Así, defienden que "a las puertas de la segunda ola" de coronavirus" resulta necesaria una legislación que de capacidad a las comunidades autónomas para establecer un techo a la subida de los alquileres.

Al igual que hizo Iglesias tras su reunión con el Sindicato de Inquilinos, las formaciones firmantes del comunicado señalan el ejemplo de la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña a principios de septiembre para regular los alquileres.