El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sostiene que el proyecto de Estatuto catalán tramitado en las Cortes tiene unos "efectos equivalentes" al plan Ibarretxe , ya que supone un Poder Judicial dentro del sistema institucional de la Generalitat. En un informe sobre los apartados del Estatuto dedicados a la justicia, el CGPJ detecta 17 motivos de inconstitucionalidad por promover un Consejo de Justicia que, advierte, no se podrán corregir en el debate parlamentario.
El dictamen reconoce que no crea un órgano de gobierno de los jueces propio, como hacía el plan Ibarretxe , ya que el Consejo de Justicia catalán está vinculado al CGPJ, pero sí se le otorgan unas competencias que buscan un "efecto equivalente".
El informe ha sido redactado por el vocal conservador José Luis Requero y será aprobado el jueves por la comisión de estudios del CGPJ. Será asumido por el órgano de gobierno de los jueces, ya que cuenta con los votos de la mayoría conservadora.
JUSTIFICACION Requero justifica la elaboración del documento --a pesar de que el Congreso le negó esa potestad-- en que el Estatuto catalán representa "el techo al que se puede aspirar dentro del movimiento de reforma estatutaria iniciado con la fallida propuesta de reforma del Estatuto vasco".
El informe recuerda que la Constitución "no ha querido atribuir a las comunidades autónomas ámbito alguno de gobierno del Poder Judicial". Añade que la actuación de los órganos judiciales se encuadra en un sistema estatal y aplica normas procesales del Estado.
El dictamen critica al Parlamento catalán, ya que "se ha anticipado al legislador estatal y ha regulado materias que no le corresponden". Sostiene que es inconstitucional porque "atribuye un régimen especial de gobierno del Poder Judicial distinto del previsto para toda España".
Asegura que la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña se perfila como "un anexo del sistema institucional de la Generalitat". Por ello, sostiene que con esa propuesta "no hay colaboración Estado-Comunidad Autónoma, sino cesión material y funcional del gobierno de la justicia" mediante un "fraude": el de crear un órgano estatal --el Consejo de Justicia de Cataluña-- en el Estatut y recogerlo en la ley orgánica del Poder Judicial, para después cederlo.
Por otra parte, la Mesa del Congreso acordó ayer remitir la propuesta de reforma del Estatuto catalán a la comisión constitucional y abrir un plazo de 15 días para la presentación de las enmiendas correspondientes.
