La fiscala general del Estado, María José Segarra, destacó ayer por su contundencia a la hora de recordar «la imperiosa obligación» de todos «de acatar la sentencia» del procés, «sea cual sea el sentido de la misma». Una idea en la que coincidió con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que optó, sin embargo, por hacer una referencia genérica a ese principio democrático sin vincularlo directamente con el juicio celebrado durante cuatro meses en el alto tribunal contra los líderes independentistas.

Por eso, Segarra parecía que quería responder directamente al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que varias veces ha amenazado con no aceptar una sentencia condenatoria a los dirigentes del procés. En su intervención en la apertura del año judicial, en presencia del Rey, la fiscala explicó que acatar esa resolución implicará «el normal funcionamiento de las instituciones y, singularmente, del sistema de justicia, uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia».

RESPUESTA SERENA Y FIRME / Añadió que se trata de «una convivencia que, desde el respeto a la diversidad y a la libertad de opinión, habrá de seguir siendo garantizada en todo el territorio nacional mediante la única forma posible de un Estado de derecho: el respeto a la ley». Para llegar hasta ahí había calificado de respuesta «serena, firme y rigurosa» con la legalidad la dada por la justicia al «desafío secesionista» vivido en Cataluña en el otoño del 2017, al tiempo que destacó que el juicio se había celebrado «bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías para las partes».

Como si fuese necesario preparar el terreno para la inminente sentencia del procés, Lesmes también coincidió con Segarra en la defensa del juicio. Lo consideró «el paradigma de los miles de procesos que se celebran cada día en toda España», porque puso de manifiesto el compromiso de los jueces «con la defensa de los valores del Estado de derecho proclamados por la Constitución». Y tras agradecer al presidente del tribunal, Manuel Marchena, su labor, en una línea mucho más académica, abundó: «Nuestro Estado no será democrático si no garantiza el respeto al derecho» y ello conlleva, «ineludiblemente, el respeto a la decisión judicial».

Teniendo tan presente el juicio del 1-O era inevitable que la sentencia con la que se determinará si hubo rebelión o sedición en Catalunya protagonizara también las conversaciones informales que se produjeron entre magistrados, fiscales y periodistas al término del acto oficial.

DOS AÑOS EN PRISIÓN / En ellas se supo que el tribunal que juzgó el procés prefiere dar a conocer la sentencia antes del próximo 16 de octubre, cuando los líderes de las entidades soberanistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, cumplan dos años de prisión provisional. Esa medida puede prolongarse por dos años más hasta un máximo de cuatro, por lo que podrían seguir en la cárcel aunque la resolución no estuviera lista para entonces, pero el tribunal preferiría haberse pronunciado ya sobre los delitos de los que se les acusa a los procesados.

Por el contrario, la vista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) solicitada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, para determinar la vigencia o no de inmunidad como eurodiputado, prevista para el 14 de octubre, le es indiferente al tribunal del 1-O cara a la notificación de su veredicto a los acusados.

¿UNANIMIDAD? / Lo que todavía es pronto para saber es si la resolución será unánime o contará con el voto particular de alguno de los siete magistrados que compone el tribunal, porque esta discrepancia se puede anunciar hasta el último momento de las deliberaciones, con las que los magistrados continúan por bloques temáticos.

Ni siquiera las han interrumpido en agosto, momento en el que optaron por usar el correo electrónico. También se ignora aún si se dará a conocer el fallo a través de su lectura pública o, como defiende algún miembro del tribunal, no sería esa la mejor manera de explicar las penas impuestas al tratarse de un asunto de tanta complejidad.