Desde diciembre del año pasado, el PP lleva quejándose de manera oficiosa al Gobierno por el Valle de los Caídos, el mausoleo en el que están enterradas más de 30.000 personas de uno y otro bando de la guerra civil. Dicen los conservadores que en los últimos 10 meses el Ejecutivo ha incumplido "sistemáticamente" la ley de memoria histórica al "cerrar" al público el templo y limitar los horarios de visita a la abadía benedictina del lugar, en la que viven 24 monjes. Pero no querían hacerlo público para "evitar polémicas".
Ahora, tras publicar Interviú que el Gobierno ha realizado estudios forenses en el recinto, el PP ha cambiado de estrategia. Ayer pidió la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para que detalle la aplicación de la norma en el mausoleo.
La clave, explicó el diputado popular Jorge Fernández Díaz, está en el artículo 16 de la ley. El Valle de los Caídos "se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos", ordena el artículo, y esto, según Fernández Díaz, impide que el Gobierno cierre el templo para remodelar la fachada, que imponga los tiempos de apertura y cierre de las puertas de la abadía y que realice comprobaciones del estado de los restos sin autorización del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, la Comunidad de Madrid y los monjes.
"La gestión recae sobre Patrimonio Nacional y hay riesgos de desprendimiento. Se ha cerrado temporalmente por motivos de seguridad", contestaron fuentes del Ejecutivo.
Falange Española fue mucho más allá. Pese a que el Gobierno ha negado que haya realizado exhumaciones, el líder del partido ultra, Manuel Andrino, anunció ayer una querella por las "profanaciones".
