El viernes pasado, ETA demostró que puede seguir matando, y ayer, el Cuerpo Nacional de Policía respondió con la detención en Guipúzcoa de tres personas acusadas de formar parte de un comando de legales (no fichados) preparado y armado, listo para cometer atentados.
La operación, dirigida por el magistrado Baltasar Garzón desplazado expresamente a San Sebastián, atenuó el dolor por las heridas abiertas en la policía tras el asesinato en Arrigorriaga, hace cuatro días, del inspector Eduardo Puelles. Los detenidos no están relacionados con la bomba lapa que quemó vivo a este responsable de la lucha antiterrorista, pero sus arrestos sirvieron para levantar la moral entristecida de los policías y evitaron "más dolor y sufrimiento a muchos ciudadanos", en palabras del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Que ETA está viva y mantiene estructura para matar lo demuestra el material incautado a los tres detenidos en los cuatro registros que se realizaron durante la madrugada de ayer. Los agentes de la comisaría general de información irrumpieron en la primera planta, habilitada como vivienda, de una nave del polígono industrial de la pequeña localidad guipuzcoana de Usurbil. Allí sorprendieron a la pareja formada por Olatz Lasagabaster, de 32 años, y Patxi Uranga, de 30. Los investigadores encontraron en el local 65 kilos de nitrato, 10 kilos de polvo de aluminio, 25 metros de cordón detonante, material diverso destinado a la confección de artefactos, además de varios teléfonos móviles, walky-talkies, documentación, y unos grilletes que la pareja guardaba en su dormitorio.
REGISTROS En Astigarraga, municipio cercano a Usurbil, detuvieron a Ainara Vázquez, de 32 años. Su domicilio también fue registrado, así como las oficinas en San Sebastián y Lasarte de la revista Gaztezulo, de la asociación Bagera y del proyecto en defensa del euskera Hik Hasi. Los investigadores se llevaron ordenadores de los tres locales en los que trabajaban los detenidos.
La operación policial ha vuelto a poner de manifiesto las enormes dificultades que tiene la banda para mantener algún tipo de infraestructura estable en Guipúzcoa. No pasa lo mismo en Vizcaya, donde los responsables de la lucha antiterrorista asumen que ETA cuenta con un número indeterminado de miembros legales que consiguieron huir del cerco policial tras la desarticulación del último comando Vizcaya, y que serían los autores del asesinato del inspector Puelles. En Guipúzcoa, el último condenado a muerte de ETA fue el empresario de 71 años, Ignacio Uría, al que dos jóvenes dispararon en la cabeza el 3 de diciembre en Azpeitia.
Como el resto de legales y activistas refugiados en Francia, los tres detenidos de ayer estuvieron a las órdenes del último jefe de ETA detenido, Jurdan Martitegi Lisaso, Arlas . Las tres últimas detenciones elevan a 44 el número de arrestados en el 2009 por sus presuntos vínculos con ETA.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se encuentra de viaje oficial en Washington, quiso destacar ayer la importancia de esta operación policial, ya que "es el tercer comando de ETA que se desarticula sin darles la opción de cometer ni un solo atentado".
