Los investigadores de la UDEF de la Policía Nacional que elaboraron el último informe sobre la comisión rogatoria de Luis Bárcenas remitido a la Audiencia Nacional tuvieron conocimiento de la visita del ex tesorero del PP al notario el 14 de diciembre tras la consulta de un archivo general de la Notaria, activo desde 2006, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Según estas mismas fuentes, la Policía decidió registrar esos datos para lo que recurrió al Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP), creado en diciembre de 2005 por el Consejo General del Notariado, pero que no entró en funcionamiento hasta el año 2006.
Esta institución la integran profesionales expertos en la lucha contra este tipo de delitos y tienen la obligación de colaborar con las autoridades competentes como la Policía, los jueces, la Fiscalía, la Guardia Civil o el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
El OCP cuenta con el Índice Único Informatizado Notarial que almacena el contenido de todos los documentos notariales. En ese cajón de sastre los investigadores encontraron el rastro del ex tesorero a través del acta notarial en la que dejó constancia de que, junto a Álvaro Lapuerta (anterior tesorero), controló la cuenta de donativos del PP entre los años 1994 y 2009. En esa cuenta "figuran con detalle" los nombres de los donantes y los perceptores de fondos, según se recoge en el informe de la UDEF.
Información confidencial
La información contenida en ese índice es confidencial y sólo pueden tener acceso a ella el citado órgano, que usa una serie de métodos de búsqueda para, por ejemplo, detectar posibles casos de defraudadores que utilizan varias notarías para ocultar sus delitos.
Por Ley, todas las notarías están obligadas a volcar semanalmente todos los documentos notariales, es decir, desde escrituras públicas, poderes, pólizas notariales o actas notariales como fue el caso de Bárcenas, quien acudió a la notaría de Andrés Domínguez Nafría apenas doce días después de que el Ministerio de Justicia remitiese a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria sobre sus actividades recibida desde Suiza.
Además de estos procedimientos, la notaría tienen también la obligación de comunicar si tienen sospechas de comunicárselo al Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado.
Desde que el OCP entró en funcionamiento en enero de 2006, hasta septiembre de 2012 comunicó un total de2.543 operaciones en las que se aprecian indicios de delito de blanqueo de capitales y atendió 61.500 solicitudes de información de jueces, fiscales y autoridades. El tiempo aproximado que tarda este organismo para contestar a esas peticiones es de un día o dos días hábiles.
