Todos los líderes políticos los incluyen en sus programas electorales, los ofrecen en el Congreso y prometen trabajar por lograrlos. Pero los pactos de Estado, esos grandes acuerdos que unen a pesar de los colores políticos, han sido una rareza en la historia democrática. Apenas ha habido un puñado de ellos, y la unanimidad siempre ha ido acompañado de un «casi». Ahora, tras el azote de una pandemia que deja más de 25.000 muertos y aboca a una crisis profunda, los partidos se dan cita para acordar juntos la reconstrucción.
Será en una comisión del Congreso, a petición del PP, líder de la oposición. El Gobierno quería reeditar una estructura más parecida a aquellos Pactos de la Moncloa de 1977 que se gestaron fuera de la sede parlamentaria, donde después recibieron solo un voto en contra. La hemeroteca deja pocos visos para la esperanza. Las últimas comisiones creadas para alcanzar grandes acuerdos han acabado en fracaso: la de modernización del modelo autonómico, la del pacto de Estado por la Educación o la encargada de renovar el Pacto de Toledo. La educación es un buen ejemplo de lo difícil que es forjar consensos en temas de Estado. Ninguna ley educativa ha contado con el apoyo de los dos grandes partidos, sino que estas han ido cambiando conforme lo hacía el inquilino de la Moncloa.
En los últimos 20 años solo se han sellado dos grandes acuerdos entre Gobierno y oposición: el pacto antiyihadista (2015) -que no firmaron ni Podemos ni los nacionalistas pero llegó a congregar a todos los partidos en sucesivas reuniones- y el pacto de Estado contra la violencia machista (2017), alumbrado en el seno de una comisión parlamentaria. No tuvo votos en contra pero tampoco unanimidad, pues Unidas Podemos se abstuvo en la votación del informe, aunque ha sido muy activo en cada una de sus revisiones. Ahora, sin embargo, esa unanimidad se antoja imposible: los 52 diputados de Vox niegan cualquier iniciativa contra la violencia machista.
A los Pactos de la Moncloa se sumaron todos los grupos parlamentarios sin excepción. Todo estaba por construir y eran tiempos de acuerdos casi obligados. En 1981 llegaron los primeros Acuerdos Autonómicos, que dibujaron lo que la Constitución había bautizado como Estado de las Autonomías. Con UCD en el Gobierno y el PSOE liderando la oposición, una comisión de expertos elaboró un informe que firmaron ambos partidos. Tanto el PCE como Alianza Popular se descolgaron del pacto.
ACUERDOS AUTONÓMICOS / La operación se repitió en 1992, once años después, esta vez con el PSOE en el Gobierno y el PP en la oposición. Felipe González y José María Aznar firmaron en Moncloa una nueva entrega de los Acuerdos Autonómicos que ampliaban las competencias de las comunidades.
En 1995, el PSOE estaba a punto de abandonar la Moncloa tras 14 años y la comisión de Presupuestos elaboró, a iniciativa de CiU, un análisis de los problemas de la Seguridad Social que días más tarde se aprobó en el Congreso, con consenso pero sin unanimidad (un voto en contra y dos abstenciones). Fue bautizado como Pacto de Toledo, porque fue en el Parador de esta ciudad donde se dieron cita representantes de PSOE, PP, CiU e IU para terminar de cerrarlo.
En el año 2000, José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a Aznar un acuerdo sobre política terrorista. En tiempos de bipartidismo, bastaban dos para cerrar un pacto de Estado. Juntos sumaban 308 de los 350 diputados. El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo lo firmó Javier Arenas, secretario general del PP, bajo la mirada de Aznar y Jaime Mayor Oreja, en un acto solemne en la Moncloa. Los dos partidos se comprometieron a no hacer de la lucha contra ETA un arma electoral, una promesa que no tardarían en romper.
PACTOS A DOS / El acuerdo nació con el ánimo de sumar a más fuerzas políticas, pero tanto CiU como IU criticaron que se aislara al PNV. Tras el acuerdo antiterrorista del 2000, PP y PSOE se han alternado en el Gobierno prometiendo y ofreciendo pactos de Estado que, la mayoría, han caído en saco roto. Pero sí ha habido acuerdos. Como el de Zapatero y Mariano Rajoy para reformar el artículo 135 de la Constitución en el último verano del socialista en la Moncloa. O la posición común de Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba frente al Consejo Europeo en el 2013, en plena crisis económica. O el aval de Rubalcaba a la sucesión del rey Juan Carlos por Felipe, acallando el debate republicano que se gestaba en el PSOE. Entre medias, repartos de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.
El conflicto catalán, que golpeó con fuerza lo poco quedaba de bipartidismo, también contó con el cierre de filas de los dos partidos mayoritarios. Pedro Sánchez pactó con Rajoy la aplicación del 155 de la Constitución. «A Rajoy y a mí nos unió Catalunya», llegó a decir el hoy presidente. Con su sustituto, ni eso.
