Fue la crónica de un cierre anunciado. El PP escenificó ayer el carpetazo de la comisión de investigación sobre el espionaje al usar su mayoría en la Asamblea de Madrid para sacar adelante unas conclusiones en las que considera probado que el Gobierno regional no ordenó seguir a políticos del PP rivales de Esperanza Aguirre y que dichos partes son falsos. Mientras tanto, el PSOE e IU no pudieron más que mostrar su impotencia ante "el cerrojazo" que, a su juicio, demuestra la culpabilidad de la presidenta y sus afines.

Por tanto, tras cuatro jornadas y 11 comparecencias, será la justicia la que determine si funcionarios de la Comunidad de Madrid vigilaron a políticos del PP durante los meses en los que se libró una batalla por el poder del partido justo antes de que se revalidara el liderazgo de Mariano Rajoy. Precisamente la fiscalía de Madrid decidió el viernes seguir adelante con su investigación, ya que considera que los partes de seguimiento publicados por El País son verosímiles.

Sin embargo, según las conclusiones aprobadas en comisión y que previsiblemente serán ratificadas mañana en pleno, el Gobierno regional "no ha ordenado, ni amparado, ni conocido ningún tipo de seguimiento" a cargos públicos. "Es la conclusión a la que llegaría cualquier ciudadano que haya escuchado a los comparecientes", aseguró el portavoz del PP, David Pérez.

La estrategia de los populares ha consistido en demostrar que la estructura de la Consejería de Interior es la misma y con idénticas funciones que en etapas anteriores, al tiempo que ha aprovechado la publicación de informaciones que evidencian algunas contradicciones entre la agenda de los espiados y lo precisado en los informes para asegurar que estos "carecen de rigor" y forman parte de un montaje para desacreditar a Aguirre.

Sin embargo, las víctimas de los seguimientos --principalmente Alfredo Prada y Manuel Cobo-- no han podido aclarar dichas incoherencias porque el PP ha vetado su comparecencia, pese a que han declarado públicamente que se han sentido espiados y mantienen la denuncia ante la justicia. El PSOE e IU consideraron que dicho comportamiento demuestra que el espionaje sí existió y que el PP diseñó una comisión a su medida. Para ambos partidos, Aguirre es la responsable última y, por eso, el PSOE pedirá amparo ante el Constitucional porque se han vulnerado los derechos de los diputados.