Mariano Rajoy, siendo ministro de Administraciones Públicas, reconoció en 1999 que el Gobierno del PP aplicaba con manga ancha la ley de incompatibilidades de los altos cargos. Así lo reconoció Rajoy cuando compareció en el Congreso para justificar una aparente violación de esta norma: el fichaje de Miguel Angel Rodríguez por la empresa publicitaria Carat dos meses después de dejar los cargos de portavoz y secretario de Estado de Comunicación.
En el 2003, Gloria Hernández dejó la dirección general del Tesoro para fichar por el Banco Popular. Administraciones Públicas sentenció que no incurría en incompatibilidad alguna.
