Tras semanas de amagos y contradicciones entre la dirección federal y la andaluza, el PP presentó ayer en el Tribunal Supremo una querella criminal contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias a raíz de la adjudicación, poco antes de abandonar su cargo en la Junta de Andalucía, de una subvención a la empresa donde trabaja su hija Paula. El expresidente andaluz aseguró estar "absolutamente tranquilo" y confió en que sea la justicia quien aclare el caso.

Según los populares, la querella ha sido la única salida ante la negativa de Chaves a iniciar una comisión que investigue la adjudicación de las ayudas. Solo va dirigida contra Chaves, aunque también se solicita al juez que impute a todas las personas que hayan podido participar "como coautores, cooperadores, inductores o responsables civiles" en la concesión de la subvención a Minas de Aguas Teñidas (Matsa). Y se pide al alto tribunal que la joven, que trabaja como letrada y apoderada, sea citada a declarar al menos como testigo.

El texto elaborado por los servicios jurídicos del PP expone que, durante la etapa de Chaves al frente de la Junta, Matsa recibió una subvención superior a los 10 millones, que le había sido denegada dos veces por no reunir los requisitos legales. "A partir de la contratación de la hija del expresidente como letrada, la actitud de la Consejería de Innovación y Ciencia cambia radicalmente" y se muestra favorable a la concesión, añade.

Además, detalla las "clamorosas irregularidades" que, según los populares, se observan en el expediente de la tramitación, como "la inusitada celeridad en las contestaciones al solicitante", la "inobservancia de los requisitos" de la normativa e incluso el incremento en la cantidad concedida. Pero el peso de la querella descansa sobre la postura del expresidente andaluz, quien como hubiera sido pertinente no se abstuvo en el trámite de aprobación pese a conocer "de modo indubitado" que su hija era responsable del departamento jurídico e incluso hizo prevalecer su condición para que Matsa lograra la ayuda. Una actitud que "no se ajustaba a derecho".

MARCHA ATRAS La querella, que inicialmente iba contra Chaves, su hija y la empresa, fue presentada ya en junio sin saberlo la dirección regional, que forzó su retirada con la excusa de que había que completarla. Los populares andaluces, con Javier Arenas a la cabeza, estimaron que, antes de acudir a la vía criminal, había que agotar la administrativa, por lo que también registraron una denuncia ante la Junta para que se incoe expediente por la supuesta violación de la ley de incompatibilidades de altos cargos de Andalucía.