El mercurio de los termómetros del Congreso amenaza con desbordarse ante la combinación del brusco aumento de la temperatura meteorológica registrado estos días en Madrid y la ofensiva del PP para responsabilizar al Gobierno de la "crisis institucional" derivada de las últimas decisiones del Tribunal Supremo sobre el juez Baltasar Garzón y del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán.

Como ya habían avanzado, los conservadores subieron ayer el tono de la bronca. Contaron para ello con el inesperado apoyo de la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, que el lunes por la noche aludió directamente a esa crisis, en una actitud a la defensiva similar a la del Supremo cuando recibió las primeras críticas por la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por su decisión de investigar los crímenes del franquismo. La mezcla en un mismo frasco de las polémicas en las que están inmersas ambos tribunales, aderezada con los últimos datos negativos sobre el paro, que se filtraron ayer, permitieron a los populares ahondar en su táctica de presentar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el responsable del apocalipsis al que, según dicen los populares, parece estar abocado el país.

Una estrategia que cada vez recuerda a más diputados del PSOE la que se vivió en la anterior legislatura por los atentados del 11-M, y a la que replicaron insistiendo en que el objetivo que persigue el PP es desviar la atención sobre los casos de corrupción que le afectan. "Estamos ante un discurso peligroso e injusto, ya que en España se respeta a las instituciones con toda normalidad", aseguró el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso. "La única crisis es política, y la sufre el PP por el caso Gürtel ", añadió.

DUROS ENFRENTAMIENTOS El momento álgido de la jornada se vivió en la comisión parlamentaria en la que compareció el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. El número dos del vicepresidente Manuel Chaves se enzarzó en un tenso cruce de reproches con los populares por su presencia en un acto de apoyo a Garzón en el que se criticó al Tribunal Supremo. El principal partido de la oposición le culpó de instigar una "campaña de desprestigio" contra la judicatura y de "vulnerar la división de poderes", por lo que le exigió que dimitiera. Zarrías replicó apelando al "libre ejercicio del derecho de reunión y de expresión" y recordó que altos dirigentes del PP han asistido a manifestaciones en las que se ha llamado "asesino" a Zapatero.

Los socialistas defendieron la presencia en el acto del secretario de Estado por su trágico pasado familiar, marcado por el fusilamiento de su abuelo tras la guerra civil y el largo periodo de encarcelamiento sufrido por su padre y su abuelo materno. Sin embargo, la interpelación de los socialistas sirvió de poco y no evitó una segunda tangana entre PP y PSOE, en esta ocasión, con acusaciones mutuas por diversos casos de corrupción.