Vox Andalucía ya cuenta con los datos sobre los trabajadores de las unidades de evaluación de violencia de género. La Junta de Andalucía ha terminado facilitando la información, aunque sin datos identificativos ni de género. Suficiente para que la formación ultraderechista considere que su teoría acerca de la falta de capacitación de los profesionales y su ideologización es cierta, ya que la mitad de estos profesionales no están colegiados, y reclame solventar cuanto antes una situación «gravísima y escandalosa». Desde el Gobierno reconocen que no quedaba más remedio que facilitar los datos, aunque señalan que la falta de colegiación no merma la capacitación o preparación de esos profesionales.

Fue el líder de la formación ultraderechista en Andalucía, Francisco Serrano, quien confirmó el jueves por la noche en una entrevista en la cadena local 7TV que habían recibido los datos, confirmando que «al final teníamos razón» y que los datos que apuntan que muchos de esos trabajadores, médicos y psicólogos, no están vinculados a un colegio profesional avalan su postura. Vox insiste en que se trata de personal que accedió a los puestos por otros motivos, sin preparación alguna, vinculándolos al «feminismo radical».

La formación cuestiona así los informes «ideologizados» que emiten para evaluar el riesgo de las víctimas de la violencia machista, la posible reincidencia del agresor o quien se queda la custodia de los menores en caso de haberlos. No obstante, no son vinculantes. «Para ser médico, los médicos necesitan pasar un periodo de Médico Interno Residente. Para ser psicólogos en la administración tienen que haber pasado como Psicólogos Internos Residentes», insistió Serrano en la entrevista, abundando en que sin colegiación esos profesionales prestan el servicio «sin ningún control ni responsabilidad deontológica». Por eso, ahora mismo están estudiando toda la información recibida antes de decidir el siguiente paso, confirman desde el partido, aunque van a ampliar la petición para conocer la distribución de los trabajadores por categorías profesionales.

La versión que ofrece la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, es diferente. Rebajan a un 40% la cifra de trabajadores no colegiados, y recuerdan que «una cosa es no tener la titulación y preparación y otra es no estar colegiado», respondió el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), sobre quien recaen estas competencias. «Él, como magistrado debería saberlo. Todos los trabajadores que prestan su servicio en la atención en las unidades de violencia integral de género y los equipos psicosociales tienen toda la preparación y capacidad necesarias para desarrollar su trabajo», subrayó.

En este sentido, la Junta ha solicitado ya a estos trabajadores que se colegien lo antes posible, pero mantiene que «bajo ningún concepto, se puede decir que alguna de estas personas no esté cualificada para hacer su trabajo» dado que han pasado las pruebas pertinentes para trabajar en la administración. Y conceden que aunque según la jurisprudencia, la colegiación es un requisito imprescindible, al no haber normativa estatal se produce un vacío legal.

El asunto ha desatado una auténtica tormenta en el Parlamento andaluz, con acusaciones de PSOE y el sindicato UGT de ceder al chantaje de Vox para mantenerse en el poder. La expresidenta cuestionó que mientras el PP en Madrid reproche a Vox ser «la ultraderecha, en Andalucía estén cediendo a todos los chantajes para intimidar y amedrentar a los trabajadores». En la misma línea, UGT consideró «lamentable y peligroso» la entrega de datos.