El PP y Ciudadanos cargaron ayer contra el Gobierno por el traslado a la cárcel de Basauri (Vizcaya) de dos presos de ETA. Ambos partidos acusaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez de pagar así el apoyo del PNV a la moción de censura contra Mariano Rajoy. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, mientras, replicó que uno de los acercamientos se acordó en febrero, con los populares todavía en la Moncloa. Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, arrepentidos y desvinculados del colectivo de reclusos de la banda ya disuelta (EPPK), fueron trasladados de la prisión de Villabona, en Asturias, a la de Basauri, en Vizcaya.

La vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, criticó el traslado de Sanz y Moreno por considerarlo «el rédito» de los nacionalistas vascos por respaldar al PSOE. El PNV, dijo Marta González en RNE, «empieza a cobrarse» ese apoyo «con esta nueva política penitenciaria». También el exministro del Interior del último Gobierno de Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, opinó sobre el acercamiento al apuntar que se está faltando a la «memoria» de las víctimas y su «dignidad» para «pagar favores» a los peneuvistas.

En la misma línea, el partido naranja cree que el presidente del Gobierno paga «hipotecas» al PNV y EH Bildu. Los socialistas han roto «de forma unilateral», afirmó el secretario general del grupo parlamentario de Cs, Miguel Gutiérrez, «el consenso» en torno a la dispersión de los presos etarras.

Tercer grado con los populares / La ministra Batet respondió a las críticas asegurando que no se trata de un «gesto» hacia los nacionalistas vascos, sino que la medida deriva de la concesión del tercer grado, concedido por el anterior Gobierno a la reclusa Olga Sanz el pasado 27 de febrero y por su Ejecutivo a Javier Moreno, el 30 de julio, porque «cumplía todos los requisitos».

El delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, garantizó que la política penitenciaria del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez «estará ajustada a la ley» y admitió, en la Cadena Ser, la posibilidad de nuevos acercamientos, cuya legalidad defendió. «Es un primer gesto» del Ejecutivo que sirve de «muestra» al resto de reclusos de ETA para «enseñarles cuál es el camino» para su reinserciónsegún Loza. Batet insistió, en esta línea, en que habrá que analizarlo «caso por caso porque cada uno es distinto».

LAS VÍCTIMAS / Las víctimas del terrorismo, por su parte, asumieron que el traslado de los presos se ajusta a la ley. Es una medida «absolutamente legal» y «totalmente ajustada a derecho»», dijo a Efe la presidenta de la asociación de víctimas vascas Covite, Consuelo Ordónez. También desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Miguel Folguera reconoció que el traslado de ambos presosde ETA «cumple con los requisitos establecidos por la ley», si bien advirtió de que estará «vigilante» ante los movimientos que puedan darse en las próximas semanas o meses.

Instituciones Penitenciarias subrayó que Sanz y Moreno fueron trasladados de prisión «en cumplimiento del tercer grado penitenciario», ya que ambos habían cumplido las tres cuartas partes de sus condenas. Además, los dos han pedido perdón, se han desvinculado de ETA y han renunciado a la violencia. Antes del traslado, que ambos solicitaron, se informó a las víctimas, como garantizó el ministro del Interior. Los reclusos, que son pareja, formaron parte del comando Vizcaya. Ahora cumplirán en Basauri la última parte de su condena en régimen de semilibertad, así que acudirán a la prisión a dormir.

Sanz y Moreno fueron detenidos en 1998 y condenados en el 2002 por la Audiencia Nacional a 71 años de cárcel, la mujer, y a 74 años él, junto a otros 14 miembros y colaboradores del comando, que había planificado el asesinato del exconsejero de Interior del Gobierno vasco Juan María Atutxa y del entonces presidente del PP vasco Carlos Iturgaiz.

El Gobierno vasco, por su parte, señaló que ve «con buenos ojos» la medida y emplazó al Ejecutivo central a seguir aproximando reclusos a prisiones cercanas a Euskadi.