El nuevo gobierno de las derechas en el Ayuntamiento de Córdoba, formado por ediles de PP y Cs, se ha estrenado en sus funciones con la decisión de retomar el callejero franquista. Así, el consistorio iniciará los trámites para la recuperación de la nomenclatura de dos calles y una plaza que fueron sustituidos por la anterior corporación (de PSOE e IU) en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El Ayuntamiento lo justifica porque lo que se hará es retomar nombres populares e históricos, aquellos con los que se conocían esos lugares, y asegura que respetará escrupulosamente la normativa memorialista estatal y regional.

La decisión fue anunciada este lunes por el concejal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, portavoz del grupo municipal del PP. El ardid para que se ajuste a la normativa vigente en materia de Memoria Histórica, que impide mantener nombres vinculados a la dictadura franquista en el callejero, consiste en eliminar parte del nombre completo y dejar sólo el apellido. Así, la vía José Cruz-Conde, alusiva al artífice del levantamiento militar en Córdoba y que fue renombrada como Foro Romano, será denominada ahora calle Cruz Conde, mientas que la Avenida de Conde de Vallellano, en homenaje a un ministro franquista y que durante el mandato socialista se transmutó en Avenida del Flamenco, será en breve avenida Vallellano. Por su parte, la plaza de Antonio Cañero, célebre rejoneador que participó en matanzas de vecinos republicanos y que fue denominada anteriormente Plaza de los Derechos Humanos, será conocida como Plaza Cañero a secas. De esta manera, el consistorio considera que no habrá ningún inconveniente porque se pierde esa connotación franquista.

La reforma del callejero cordobés era una de las medidas incluidas en el programa electoral del PP, conforme a la reclamación de numerosos cordobeses, recuerdan, y se incluyó también entre las 23 acciones que llevar a cabo en los primeros cien días de gobierno del acuerdo firmado entre populares y Cs para la investidura como alcalde de José María Bellido (PP).

Cerrar "debates estériles"

Y ha sido en la segunda semana de mandato cuando la junta de gobierno local del Ayuntamiento ha tomado conocimiento de que el responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo firmará una providencia de inicio para comenzar el procedimiento, que posteriormente deberá ser aprobado en el pleno municipal. El portavoz del PP consideró que se trata de la mejor manera de iniciar una nueva etapa, ya que se cierran los debates estériles de la etapa anterior, y permite que el equipo de Gobierno puede empezar a trabajar de verdad por los asuntos que más en el fondo les preocupan a los cordobeses.

El PP fue la formación más combativa contra ese cambio de nombre en febrero de 2018, y llegó a solicitar un referendo popular sobre la decisión del cambio de nombre de hasta 15 calles. La oposición se centró sobre todo en cinco vías, dado que entendían que sus nombres estaban plenamente arraigados en la sociedad cordobesa. Finalmente, cuando el expediente llegó a pleno, el PP votó en contra al no poder expresar un voto particular sobre esas situaciones concretas, y tener que pronunciarse sobre el paquete de medidas completo, recuerdan fuentes municipales. Tres de esas calles son las que ahora volverán a su nombre anterior, que fue rotulado formalmente hace apenas unas semanas, subrayan.

Pero la medida no ha gustado siquiera a los socios que han aupado a la coalición PP-Cs al Ayuntamiento. Vox tacha la medida de paripé y reclama que se haga extensiva a todas las vías modificadas conforme a la normativa memorialista, recordando de paso que en el acuerdo suscrito con el PP para la Junta de Andalucía se incluye la derogación de esa norma, aprobada por el Parlamento andaluz en 2016 sin ningún voto en contra. Por su parte, desde IU han considerado muy grave la decisión y apuntan que contraviene la Ley de Memoria Histórica, por lo que anuncian que irán a los tribunales. Asimismo, lamentan que entre las primeras acciones del Consistorio haya primado el mantenimiento del franquismo sociológico y no la preocupación por la situación de los trabajadores de empresas en riesgo.