El PP y Vox han cerrado este miércoles un acuerdo para permitir la investidura del conservador Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. De esta manera, el partido de Pablo Casado y Ciudadanos gobernarán esta región gracias al respaldo de la ultraderecha, que obtuvo 12 escaños en las elecciones del 2 de diciembre. Este pacto pone fin a 36 años ininterrumpidos de ejecutivos socialistas en esa comunidad.

Finalmente, Vox ha cedido y ha retirado algunas de las demandas más controvertidas que hizo públicas hace solo 24 horas. En un documento firmado por los ultras y por los populares no aparecen la derogación de violencia de género ni tampoco la que protege al colectivo LGTBI. Sí aparece la creación de una Consejería de Famlia y el objetivo de promover una "ley de concordia" que sustituya a la de memoria histórica, una propuesta esta última que el PP ya había planteado públicamente estos últimos meses.

En el acuerdo tampoco se exige la expulsión de los 52.000 inmigrantes simpapeles que, según Vox, se encuentran en Andalucía. En este asunto, en uno de los puntos, ambos partidos han acordado "cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando (...) el 'efecto llamada'" y combatiendo "las mafias que trafican con personas". También piden que la inmigración sea "ordenada, legal y respetuosa", vinculada al mercado laboral y respestuosa con la "cultura occidental".

EL OTRO PACTO CON CIUDADANOS

Vox descartó desde el inicio participar en el Ejecutivo andaluz, una Administración que dirigirán a medias entre PP y Ciudadanos. De hecho, pocos minutos antes de confirmarse este pacto bilateral entre el PP y Vox, los populares y los naranjas remataban su otra alianza para concretar las 90 iniciativas que guiarán su tarea gubernamental. Según esa alianza, el líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, será el vicepresidente de una Junta que tendrá 11 consejerías, dos menos que el anterior Gabinete socialista.